San Martín, zona liberada para femicidas

Hay decisiones del Estado que matan.

Vacíos que se llenan con muertes.

San Martín, el partido donde fue asesinada Araceli Fulles, ofrece las mayores facilidades para matar mujeres. Y se supera año a año. En 2015, de acuerdo al relevamiento oficial de la Procuración Bonaerense, en el distrito se produjo el 8,7 por ciento de todos los femicidios que hubo en la Provincia. En 2016, el porcentaje creció al 8,9. Pero no fue el único indicador que aumentó.

La Procuración releva específicamente los procesos penales iniciados por “Violencia Familiar y de Género” en cada departamento judicial. Los expedientes de este tipo, en todo el territorio bonaerense, aumentaron de 67.685 en 2015 a 95.557 en 2016: 27.872 casos más en apenas un año. San Martín, otra vez, tuvo un rol preponderante: acumuló el 14,1% de todas las causas de esta clase iniciadas en la provincia de Buenos Aires. Sólo lo superó el departamento judicial Lomas de Zamora, que sumó el 18,9%, con la salvedad de que su estadística reúne los números del partido de Lomas con los de algunos tan populosos como Avellaneda, Almirante Brown y Lanús (suman 1.321.822 mujeres, mientras que la región de San Martín cuenta con 871.064).

¿Es casualidad?

El año pasado, preocupada por el aumento de los femicidios, la gobernadora María Eugenia Vidal lanzó un plan para combatir la violencia de género en todo su territorio. “La Provincia está en cero en cuanto a prevención y respuesta a esta problemática”, dijo, en junio de 2016. Anunció una ampliación de la cantidad de refugios para víctimas y una mejora en la atención de las denuncias telefónicas. También presentó un protocolo de actuación judicial para este tipo de casos, al que adhirieron casi todos los distritos.

Casi todos, porque San Martín no adhirió.

El fiscal general de este departamento, Marcelo Lapargo, les pidió a sus fiscales que tomaran distancia del protocolo. “El Sr. Fiscal General no autoriza la firma del documento por parte de alguno de sus miembros. Les pido transmitan este mensaje a sus subalternos por si algunos de ellos participaron en las actividades que concluyeron en el texto mencionado”, decía el mensaje enviado por el propio Lapargo a través de WhatsApp.

“Estamos preocupados por las trabas para impulsar un enfoque de género en la Justicia. Cuando estamos avanzando en el tema, desde un sector de la Justicia les piden a sus subordinados que no participen”, señaló entonces el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Santiago Cantón.

Detrás de la resistencia de Lapargo al protocolo contra la violencia de género estaba su alineamiento con María del Carmen Falbo, quien por entonces era procuradora bonaerense y estaba enfrentada con la gobernadora Vidal.

Falbo se jubiló a fines de 2016, pero Lapargo sigue en su cargo de fiscal general de San Martín. Hay otra cosa que no cambió: este distrito sigue siendo uno de los pocos que carece de una fiscalía especializada en cuestiones de género y defensa de la mujer, pese a que allí se reciben unos 160 llamados diarios de víctimas que piden ayuda. Sólo el Municipio tiene programas de asistencia. Nada judicial.

Quizás no haya sido casualidad que la Justicia de San Martín haya actuado tan mal en el caso de Araceli Fulles.

Lapargo fue quien ayer confirmó públicamente que el cuerpo hallado el jueves era el de Araceli. No le gusta hablar con la prensa, pero tuvo que hacerlo porque debía evitar que lo hiciera su subordinada Graciela López Pereyra, la fiscal que -según el padre de la joven asesinada- “no sabe dónde está parada”.

Antes, cuando Araceli aún estaba desaparecida, la familia había denunciado que la fiscal no mostraba la más mínima sensibilidad ante el caso. Su actuación fue, al menos, inepta: tuvo sentado dos veces en su despacho al hombre que tenía enterrada a la joven en el fondo de su casa -la primera, hace doce días- y jamás se le ocurrió detenerlo, pese a que éste confesaba que había estado con ella durante la madrugada de su desaparición. Incluso le creyó cuando el sospechoso le dijo que la mancha de sangre que había en el asiento de su camión -la escena del crimen, según creen hoy los investigadores- era de un lechón que había trasladado poco antes.

Ni siquiera le intervino el teléfono. Ni reparó en las cuatro causas penales que tenía en su haber. Sólo lo dejó ir. Por eso Darío Badaracco estuvo prófugo hasta anoche.

“La fiscal hizo todo mal”, insistió ayer Ricardo Fulles, padre de Araceli.

Es cierto que la fiscal no contaba con la mejor ayuda. En la comisaría 5° de San Martín, donde estaba la base de la búsqueda de la chica, trabajaba el oficial Elián Avalos, que resultó ser hermano de dos de los jóvenes que terminaron presos por el crimen. Pero además hay sospechas de que otros dos policías de la seccional habrían desviado la búsqueda.

Son dos oficiales que estaban sentados, literalmente, sobre droga.

El jefe de la comisaría 5° cuando se inició la búsqueda era el subcomisario Hernán Humbert, luego trasladado a la 8°. Su mano derecha, encargado de “Judiciales” de la seccional, era el oficial principal José Gabriel Herlein. Cuando nacieron las sospechas de que algo estaba fallando en el rastrillaje de Araceli, Asuntos Internos allanó la dependencia policial y se encontró con paquetes de cocaína y de marihuana escondidos en cajones y guardados detrás de una cómoda. “Movimos unos muebles y cayó un sobre con droga que había sido secuestrada en el año 2015”, ejemplificó a Clarín un policía que estuvo en el operativo.

Había, también, cocaína que debería haber sido destruida tiempo atrás. La mayoría era droga surgida de procedimientos, que no estaba registrada en los libros de “cargos y descargos” judiciales de la comisaría.

Quizás no haya sido casualidad la demora de la Policía en hallar a una chica que estaba enterrada a 20 cuadras de su propia casa.

La droga es una línea que podría unir a los policías con los sospechosos -conocidos por fumar paco en una plaza- y con Araceli, que tenía problemas de adicción. Un elemento que podría explicar tantos errores.

La búsqueda fue tan torpe que tuvo detalles insólitos. La primera vez que Badaracco declaró ante la fiscal, el 17 de abril, la Policía fue a allanar su casa, caminó a metros del cuerpo de Araceli y no lo vio. Ayer circulaba la excusa de que entonces no habían llevado perros, pero la verdad es que sí lo hicieron.

El problema fue que llevaron a los perros equivocados: eran animales entrenados para el rastreo de personas vivas, que olfatearon la casa de Badaracco y no detectaron nada. Este jueves volvieron con otros, que están específicamente capacitados para hallar cadáveres, y el resultado fue positivo.

Sí, la angustia que atravesaba como un clavo el espíritu de la familia de Araceli podría haber terminado antes. Y el asesino podría haber sido detenido casi en el acto.

Pero el Estado hizo demasiado para que no fuera así.