La UNaM confirmó su adhesión a las medidas de fuerza de las universidades nacionales a partir del veto presidencial a la flamante ley.
El presidente Javier Milei firmó el miércoles por la noche el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y devolvió el proyecto al Congreso Nacional. La decisión representó un golpe severo para las universidades públicas, que funcionan desde hace meses con un presupuesto desactualizado y enfrentan crecientes dificultades para sostener sus actividades.
En ese marco, la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) confirmó que se sumará a las medidas de fuerza. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Horacio Simes, explicó que la casa de estudios dispuso un paro de docentes y no docentes, además de convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria la próxima semana. “La realidad universitaria a causa de las deficiencias financieras es cada día más crítica. A esto se suma la observación de poco interés de parte del Gobierno Nacional para dar las respuestas requeridas por el Sistema Universitario Nacional”, sostuvo el funcionario, quien admitió un clima de “preocupación” en la comunidad educativa.
La rectora de la UNaM, Alicia Bohren, también advirtió sobre la gravedad de la situación. “Esto supera cualquier ficción”, expresó, y apuntó directamente contra el accionar presidencial. “Tiene una disociación (el presidente), reconoce que perdió las elecciones pero no asocia las causales”, señaló en referencia a la falta de autocrítica política frente a las decisiones legislativas. La rectora cuestionó que Milei actúe “sin un toque de humanidad”, no solo por el ajuste en la educación superior, sino también por los recortes en áreas sensibles como discapacidad o el Hospital Garrahan.
Ante el nuevo escenario, Bohren aseguró que mantiene reuniones con diputados provinciales y con el candidato Oscar Herrera Ahuad para delinear una estrategia conjunta. El objetivo principal consiste en lograr que el Congreso rechace el veto presidencial y mantenga la vigencia de la ley de financiamiento. Además, recordó que en 2023 ya se había rechazado otro proyecto similar, lo que prolongó la prórroga presupuestaria vigente desde entonces.
La rectora explicó que el desajuste presupuestario afecta de manera directa a los salarios, con una pérdida estimada del 40% del poder adquisitivo. Esa caída impulsó la migración de numerosos profesionales hacia el sector privado o incluso al exterior. “Es una pérdida de capital humano muy importante”, comentó Bohren, y destacó el esfuerzo que implica formar recursos especializados para el desarrollo científico y académico.
Movilización nacional y acciones locales
El viernes pasado, Bohren participó de una reunión con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Según detalló, el organismo encomendó a rectores y rectoras gestionar reuniones con senadores y diputados para impulsar el rechazo al veto. “Se va a trabajar en conjunto con el Hospital Garrahan”, agregó. Además, confirmó que la comunidad académica misionera prepara movilizaciones en Posadas, Eldorado y Oberá, en paralelo con las marchas que se realizarán en Buenos Aires.
La UNaM también convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Superior, prevista para este lunes, con el fin de emitir un comunicado oficial de repudio. Bohren anticipó que habrá además acciones impulsadas por el movimiento estudiantil. “Hay mucha consciencia de la importancia de la universidad pública y gratuita. Los estudiantes saben que si no tienen el albergue o el comedor, no pueden estudiar”, señaló. Según la rectora, sostener esos servicios implica un gran esfuerzo institucional, aunque representa un pilar esencial para la igualdad de oportunidades.
Becas recortadas y estudiantes afectados
La comunidad estudiantil también sufrió fuertes recortes en programas de apoyo económico. El PROGRESAR, una de las principales becas, mantiene un monto aproximado de 30 mil pesos, insuficiente frente al costo de vida actual. “Llegamos a tener alrededor de 8000 becas hace dos años y ahora no llegan a las 5000”, puntualizó Bohren. Sin embargo, valoró el sostenimiento del Boleto Estudiantil, que continúa vigente y permite a miles de jóvenes acceder al transporte.
Nuevas ofertas académicas en riesgo
La situación financiera no solo impacta en salarios y becas, también condiciona la evolución de nuevas propuestas académicas. La rectora explicó que la universidad revisa sus planes de estudio y transforma las carreras hacia un sistema de créditos, además de avanzar en la educación a distancia. Estas iniciativas abarcan programas de grado, posgrado y pregrado que ya cuentan con una matrícula inicial de entre 400 y 600 estudiantes preinscritos. “Creemos que esas ofertas, por la demanda que estamos teniendo, también significan un beneficio para los estudiantes en función de costos”, sostuvo Bohren.
Salud universitaria bajo presión
Otro punto crítico aparece en el área de salud. El Servicio Médico Asistencial de la UNaM (SMAUNaM) enfrenta dificultades financieras porque los aportes resultan insuficientes para sostener sus prestaciones. Bohren explicó que, si bien no funciona como obra social abierta, el servicio atiende a 1700 docentes y 600 no docentes, además de jubilados, lo que eleva el universo de cobertura a unas 3000 personas. “Lo que más caro se vuelve son los medicamentos”, puntualizó. También aclaró que otras universidades ya cerraron sus obras sociales por falta de recursos, un escenario que genera preocupación por la sostenibilidad del sistema.
Una crisis con impacto nacional
El veto presidencial reavivó el conflicto entre el Gobierno y el sistema universitario nacional. Las universidades, que arrastran una prórroga presupuestaria desde 2023, aseguran que el ajuste deteriora su funcionamiento básico. En Misiones, las autoridades remarcan que la pérdida salarial y el recorte de becas comprometen el futuro de miles de estudiantes y docentes.
Mientras tanto, las universidades del país se preparan para una nueva Marcha Federal Universitaria, que buscará visibilizar la crisis presupuestaria y exigir respuestas al Poder Ejecutivo. Desde la UNaM, la conducción insiste en que la educación superior gratuita representa un derecho y que su debilitamiento genera desigualdad social. “Lo que inculcamos nosotros es la importancia de la educación en la formación personal, profesional, familiar y social”, concluyó Bohren.
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