El fiscal Franco Picardi pidió la detención del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y de otras cinco personas por presuntos hechos de corrupción ligados a contrataciones y provisión de servicios. El juez Sebastián Casanello citó a indagatoria a 15 imputados y el caso avanza con medidas de alto impacto institucional.
La causa por presunta corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entró en una fase crítica. El fiscal federal Franco Picardi solicitó la detención del ex director del organismo, Diego Spagnuolo, y de otros cinco acusados, a partir de indicios que señalan un posible esquema de coimas, direccionamiento de licitaciones, contratos irregulares y vínculos privilegiados con proveedores del Estado.
El pedido quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien paralelamente citó a 15 imputados a declarar en calidad de indagados el próximo 19 de noviembre, entre ellos ex funcionarios, asesores y representantes del sector privado vinculados a la provisión de medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad.
Cómo comenzó la investigación
La causa se originó luego de que salieran a la luz audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se mencionaba a la empresa Suizo Argentina, una de las principales proveedoras del sistema sanitario nacional. En esos mensajes se describían supuestos pedidos de dinero, promesas de favores administrativos y maniobras para beneficiar a determinadas firmas en las contrataciones del organismo.
Tras la difusión de los audios, Picardi abrió una investigación preliminar y ordenó medidas para reconstruir la estructura de funcionamiento de la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo. El fiscal avanzó sobre listas de proveedores, registros de compras, llamados a licitación y comunicaciones internas.
Con ese material, el Ministerio Público sostiene que existía un plan sistemático en el que funcionarios habrían articulado favores administrativos a cambio de pagos informales o promesas de beneficios futuros.
Quiénes están señalados como parte del entramado
Entre los imputados para los que el fiscal solicitó detención figura Daniel Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS. Según la acusación, Garbellini habría cumplido un rol operativo clave, coordinando contactos con proveedores y habilitando expedientes para favorecer determinadas contrataciones.
También quedaron imputados ex coordinadores, presuntos gestores y empresarios relacionados con el rubro de medicamentos, insumos médicos y prestaciones para personas con discapacidad.
El grado de intervención de cada uno será analizado en las indagatorias, donde podrán dar su versión de los hechos.
El rol de Spagnuolo y las sospechas sobre su conducción
Spagnuolo, quien dirigió la ANDIS durante parte del gobierno anterior, es señalado como presunto articulador del esquema. La fiscalía lo investiga por su posible participación en:
Aceptación de coimas o beneficios económicos.
Intervención directa en la asignación de contratos.
Presión a funcionarios inferiores para direccionar expedientes.
Vínculos personales con empresarios seleccionados.
Según fuentes judiciales, los audios divulgados no serían la única prueba: también se habrían detectado patrones irregulares en expedientes clave, aceleración selectiva de trámites y comunicaciones que contradecían los procedimientos formales del organismo.
Spagnuolo quedó citado a indagatoria y deberá presentarse ante el juez la próxima semana.
Por qué el caso tiene alto impacto institucional
La ANDIS administra un presupuesto millonario destinado a prestaciones básicas, insumos médicos, transporte, cuidadores domiciliarios, apoyos técnicos y servicios de salud para personas con discapacidad. Cualquier irregularidad en ese circuito afecta directamente a la población más vulnerable, lo que vuelve la causa especialmente sensible.
Además, el organismo se encuentra en un proceso de reorganización y auditorías internas desde mediados del año, lo que agrega presión política e institucional al avance del expediente.
Fuentes cercanas al caso señalan que si el juez hace lugar a los pedidos de detención, podría abrirse una etapa de imputaciones más firmes y eventuales embargos, análisis patrimoniales y nuevas medidas de prueba.
Qué puede pasar ahora
El juez Casanello evaluará en las próximas horas si acepta o rechaza los pedidos de detención. Para eso tiene en cuenta:
riesgo de fuga,
posibilidad de entorpecimiento de la investigación,
y la gravedad de los hechos imputados.
Tras las indagatorias del 19 de noviembre, el magistrado deberá decidir si dicta procesamientos, sobreseimientos o si ordena nuevas medidas de investigación.
El expediente, que empezó por un audio filtrado, ya se transformó en una causa de alto calibre político y judicial.
