El presidente Javier Milei tiene decidido mantener el equilibrio fiscal a cualquier precio y en su entorno insisten una y otra vez en que no dudará en pagar el costo político que sea necesario para mantener el superávit que presentó como eje central de su gestión y que, a su entender, ahora se ve nuevamente amenazado por un proyecto que avanza en el Congreso.
Si bien todavía no hay una convocatoria formal a sesionar en el Senado, una buena parte de la oposición confía en que el próximo miércoles se votará en el recinto el Financiamiento Educativo Universitario, que ya tiene media sanción de Diputados.
De esta manera, si la Cámara alta también aprueba la iniciativa, se convertirá en ley la medida impulsada por la Unión Cívica Radical (UCR) y que propone que el presupuesto destinado para las casas de estudio superior en 2024 acompañen la variación del índice de precios al consumidor (IPC).
Además, el texto cuenta con un artículo en el que se encomienda al Poder Ejecutivo “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional” entre diciembre y la sanción de la ley, según “la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho período”.
Por su parte, en la Casa Rosada advierten que el proyecto atenta contra las cuentas del Estado, ya que demandaría un desembolso no previsto de alrededor del 0,14% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a cerca del 6 por ciento del Presupuesto actual.
En este sentido, las autoridades nacionales buscan, en principio, que el texto no sea discutido y ponen en duda que se vaya a convocar a una sesión especial por este tema. Sin embargo, anticipan que si se vota y se aprueba, Milei “va a vetar la norma si no se puede pagar”, como hizo recientemente con la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria que sancionó el Congreso la semana pasada.