Así lo dispuso el tribunal integrado por Mariano Borinsky y Gustavo Hornos al considerar a Jaime como autor de los delitos de cohecho y haber cometido un perjuicio millonario al Estado.
En la causa se investigan actos en el marco de la implementación del “Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional”, llevados a cabo entre el 8 de julio de 2004 y el 6 de marzo de 2012, dirigidos desde la Secretaría de Transporte (ST) dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (MPFIPS), que habrían generado un perjuicio patrimonial ilegítimo e injusto al erario público.
Concretamente, se trata de contratos de adquisición por parte del Estado de material rodante cuyo precio y utilidad habrían sido claramente perjudiciales -y en muchos casos inservibles- para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario.
