La reunión en Diputados terminó de manera abrupta apenas dos minutos después de haber comenzado. El dictamen con la acusación contra los magistrados del máximo tribunal quedará para después de las elecciones
“Esta reunión estaba programada a solo efecto de recibir el descargo de los jueces Maqueda y Lorenzetti. Como no vinieron, la reunión se tornó abstracta”. Con esas palabras, la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, dio por concluido el encuentro apenas unos minutos después de haber comenzado.
De inmediato, los diputados del Frente de Todos se levantaron y abandonaron rápidamente la sala, ante los gritos de los referentes de Juntos por el Cambio, que denunciaron que el oficialismo intenta ocultar una operación de “espionaje ilegal a cielo abierto”.
Ayer, la investigación por el espionaje a un grupo de jueces, entre ellos miembros de la Corte Suprema, dio un vuelco inesperado luego de que Fabián “Conu” Rodríguez, un hombre de La Cámpora que hoy ocupa un cargo clave en la AFIP, fuera allanado a raíz de la recuperación de unos mensajes borrados del celular del ex policía preso Ariel Zanchetta, un espía inorgánico que dice ser periodista.
En el teléfono de Zanchetta también aparecen diálogos con el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, que estaba agendado entre sus contactos. Entre esas conversaciones aparecen un link enviado por Zanchetta al legislador con los diálogos de los participantes del viaje a Lago Escondido, un reporte de causas contra la ex diputada Elisa Carrió y datos que le ofrece contra el senador del PRO Luis Juez.
Tailhade es miembro de la Comisión de Juicio Político y la oposición esperaba increparlo por sus vínculos con Zanchetta. Cerca de Tailhade explicaron a Infobae que el diputado se presentó ante la Justicia para entregar su teléfono. Argumentan que si bien recibía mensajes de Zanchetta, nunca le contestó.
Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, afirmó que “el oficialismo huyó muerto de miedo porque no quieren que mostremos que fue una agencia de Inteligencia a cielo abierto manejada por Tailhade”.
“El kirchnerismo estuvo todo el año en el Congreso con este circo del juicio político contra la Corte Suprema, y cuando sale a la luz que detrás había una maniobra de inteligencia ilegal K, se escapan como ratas y ni se animan a dar la cara”, agregó la diputada del PRO, Mercedes Joury.
Luego de 24 reuniones y más de 60 testigos, el proceso de juicio político que comenzó el pasado 26 de enero debía concluir con el dictamen de acusación antes del 17 de noviembre, fecha en que dejan de funcionar las comisiones.
Sin embargo, el momento resultaba muy inconveniente en términos políticos para el candidato presidencial Sergio Massa, que busca evitar una escalada con el máximo tribunal en la recta final de la campaña. Especialmente dado que dos diputados que constituyen la mayoría oficialista en la comisión –Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán– provienen del Frente Renovador.
“Entiendo, y hablé con la presidenta de la comisión y la Cámara de Diputados, para plantearle que estamos en un proceso electoral y que no era momento de discutir el comportamiento de ningún juez de la Corte, porque si había alguna acusación cierta o falsa se podía ensuciar con el proceso electoral”, había dicho esta mañana Massa en Cadena 3.
Y agregó: “Si hay hechos de corrupción que están probados, está claro que se deben ventilar y los acusados deben tener derecho a defenderse; ahora, si hay una cuestión política, me parece inoportuno, porque la definición de qué modelo de Justicia vamos a tener desde el 10 de diciembre será parte de un diálogo mío con la oposición para que tengamos 10 años de una política judicial y no idas y vueltas”.
Massa nunca se manifestó explícitamente en contra de la Corte Suprema pero con sus diputados permitió tácitamente que el proceso avanzara durante el último año. Por eso, ordenó prorrogar el período de sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre, lo que en la práctica le permitió al oficialismo posponer el dictamen hasta después de las elecciones.
El resultado del domingo 19 de noviembre impactará de forma directa en el futuro del proceso de juicio político.
Infobae