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“Maduro, asesino de estudiantes”, escriben dos adolescentes con un aerosol negro sobre la pared blanca del edificio de la venida Francisco de Miranda. Les lloran los ojos y les cae agua de la nariz por los gases. Pañuelos mojados en la cara vanamente intentan contener la picazón rabiosa del químico. Paran a cada rato para toser, pero no dejan de escribir. Son parte de la manifestación de este jueves en repudio a la muerte de un compañero, Juan Pablo Pernalete, de 20 años, como ellos.
El crimen de Pernalete, ocurrido en miércoles pasado, golpeó fuerte a la población, y especialmente a los estudiantes. En este mes hubo decenas de muertes de manifestantes (33 verificadas), muchos de ellos con disparos en la cabeza. Pero la mayoría de esos crímenes fueron cometidos por los “colectivos”, grupos de choque que actúan clandestinamente.
En el caso de Pernalete fueron las fuerzas militarizadas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que utiliza el gobierno para reprimir las manifestaciones. Le dispararon al pecho y a quemarropa un cartucho de gas lacrimógeno. Los médicos calculan que a una distancia de dos o tres metros.
Ante esta escalada de violencia las agrupaciones de derechos humanos exhortaron al gobierno a frenar el accionar policial. Siete ONGs venezolana denunciaron que se están violando todos los parámetros internacionales de contención de manifestaciones. Aseguran que tanto la Guardia Nacional como la Policia Nacional Bolivariana (PNB) recurren al uso de las bombas lacrimógenas y perdigones de goma para causar daño y no para lo que fueron creadas: disuasión y disolución de protestas.
“Usar una bomba lacrimógena como proyectil contra los manifestantes representa un delito sancionado en el ordenamiento jurídico y no es eximido con la excusa de la obediencia debida”, advierten en el documento.
Melanio Escobar, de Redes Ayuda, una de las ONG que presentaron el reclamo, explica que “una de las cosas que se evidenciaron en la manifestación del 26 de abril fue que los participantes no solo fueron dispersados, sino que fueron perseguidos por policías armados con perdigones, escopetas de bombas lacrimógenas y tanquetas de la GNB, y fueron acorralados por las calles que suben hacia Altamira”.
Las agrupaciones también documentaron con videos el accionar de las fuerzas de seguridad venezolanas, y los subieron a Youtube. En varios casos -manifestaciones del 19, 20 y 26 de abril- se ve a guardias nacionales disparando horizontalmente cartuchos de gas lacrimógenos contra los manifestantes. Las bombas pasan a centímetros de la cabeza de la gente. Uno, inclusive, le pega a una mujer que estaba tendida en el piso.
Gran parte del equipo antimotines que están utilizando la GNB y la PNB fueron comprados entre el 2005 y 2012. Pero luego es arsenal se incrementó durante el gobierno de Nicolás Maduro. El diario Tal Cual da un dato importante. Jane’s 360, la consultora inglesa sobre seguridad y defensa, señala que Venezuela ocupó el tercer lugar de las naciones de América del Sur con mayor presupuesto en compras militares en los últimos años. En 2016, pese al colapso económico, se ubicó en quinto lugar.
Esto fue gracias al aporte de China y Rusia, ya que los proveedores habituales como Estados Unidos y los países europeos dejaron de venderle por el embargo decretado en 2006.
“Nos están matando”, dice José Luis mientras baja el terraplén de la autopista Francisco Fajardo para huir de los gases. Tiene la cara empapada y los ojos desorbitados. El gas pica en los ojos y la garganta. Su grupo, con pañuelos en la nariz y la boca, resistió todo lo que pudo el miércoles en la marcha. Pero tuvieron que abandonar el frente de la protesta. Hoy harán una vigilia en recuerdo de Pernalete, y el lunes saldrán otra vez a protestar.
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