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Un comunicado difundido anoche por el Palacio del Planalto, sobre la nueva crisis que abruma Brasilia: el caso “Carne Débil”, informa que el presidente Michel Temer está dispuesto a “acelerar el proceso de auditoría de los establecimientos citados por la investigación policial y que son 21 en total”. Se refiere a las plantas frigoríficas de los mayores grupos empresariales del país, BRF y BJS, que están sospechados de haber cometido fuerte irregularidades con productos en mal estado.
Se trata de la distribución en los mercados, doméstico y de exportación, de carnes en mal estado; aves con salmonella y embutidos que contenían cartón molido para dar volumen.
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Según el documento, “tres de estos ya fueron suspendidos y los otros 21 serán inmediatamente colocados bajo un régimen especial de fiscalización que será conducido directamente por una fuerza de tarea del Ministerio de Agricultura (MAPA)”.
El jefe de Estado subrayó que “de 11.000 funcionarios apenas 33 están siendo investigados. Y de las 4.837 unidades productivas, apenas 21 están supuestamente involucradas en ilegalidades”.
El presidente, que anoche invitó a 33 diplomáticos a un asado en un restaurante de Brasilia, sostuvo: “reitero a las misiones extranjeras que todas las plantas exportadoras (de Brasil) están abiertas a las inspecciones de los países importadores y al acompañamiento del sistema de control”.
Más adelante afirma que en 2016, salieron de Brasil 853.000 partidas de productos de origen animal. De estas, 184 fueron prohibidas en los lugares de destino por estar fuera de las normas sanitarias o de rotulado y certificación.
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