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Ministros, diputados, senadores, gobernadores, intendentes, y hasta todos los ex presidentes vivos que gobernaron Brasil en democracia, integran la fatídica “Lista Fachin”. Es la crema política brasileña que fue denunciada, casi en su totalidad, por el juez de la Corte Suprema Edson Fachin. Se acusa a ese universo de funcionarios, legisladores, mandatarios de estados provinciales y de grandes ciudades, por percibir “donaciones” irregulares de la empresa Odebrecht. Se sabe que ese holding usaba, con fines de soborno, recursos procedentes de la sobrefacturación de obras para Petrobras, como también de emprendimientos en el exterior.
En semejante contexto, el presidente Michel Temer expresó este miércoles, horas después del estallido de la bomba informativa, sus miedos a que Brasil no pueda salir de su estado de shock. En un discurso pronunciado en el Palacio del Planalto, arengó: “El país no puede quedar paralizado”. Entre los ex jefes de Estado –sus antecesores- fueron mencionados con distintos niveles de gravedad en las acusaciones todos los que presidieron el país desde el fin de la dictadura militar: José Sarney; Fernado Collor de Mello; Fernando Henrique Cardoso; Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
Pero el capítulo más importante es el que compete a los políticos con cargos oficiales: están allí los dos jefes del Congreso Nacional. Son Eunício de Oliveira, titular del Senado y Rodrigo Maia, que comanda la Cámara de Diputados. En cuanto al equipo ministerial del presidente Michel Temer, éste podrá quedar devastado. Hay cuatro nombres de primerísima línea: el jefe de gabinete Eliseu Padilha; Wellington Moreira Franco, ministro de la Secretaría General de la Presidencia; el canciller Aloysio Nunes Ferreira y el titular de Agricultura Blairo Maggi.
Entre los políticos no se salva nadie que tenga alguna relevancia: hay 24 senadores y 39 diputados, incluidos los presidentes de ambas Cámaras. Del lado del Partido de los Trabajadores fueron denunciados al menos dos senadores de relieve, el vicepresidente de la Cámara Alta Jorge Viana y el líder del bloque opositor Humberto Costa. Pero el PSDB (la socialdemocracia) se lleva las palmas: el senador Aécio Neves, quien fue el candidato “tucano” derrotado por Dilma Rousseff en las presidenciales de 2014, reúne entre sus colegas el mayor número de denuncias que deberán ser investigadas (son cinco en total). Le sigue, de cerca, otro parlamentario de su partido que fue también candidato presidencial en 2010: se trata de José Serra, que estuvo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta febrero último, cuando presentó su renuncia.
La nómina de acusados abarca a 108 personas e incluye por ejemplo al ministro de Cultura Roberto Freire, titular del Partido Popular Socialista (PPS), heredero directo del ex Partido Comunista Brasileño (PCB). También figuran allí ex ministros de Lula y de Dilma, como José Dirceu y Jacques Wagner. Y en ese mismo listado están los dirigentes de derecha y extrema derecha. De estos últimos se destaca el diputado Jair Bolsonaro, un hombre de claras tendencias racistas, homofóbico y misógino, que logró sin embargo atraer a una parte de la clase media baja con un discurso anticorrupción. No faltan intendentes, como Antonio Carlos Magalhaes de Salvador, la capital de Bahía. El hombre es uno de los jefes del partido Demócratas (sucesor del derechista PFL). Del otro lado, se cuentan figuras como el gobernador de Minas Gerais Fernando Pimentel, quien fue en el pasado ministro de Industria y Comercio de Rousseff; y el gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, uno de los candidatos más firmes por la socialdemocracia en las presidenciales de 2018.
Todos los 108 nominados en la “lista Fachin” son sospechosos de delitos de corrupción, lavado de dinero y afines, en función de obtener a través de Odebrecht fondos para sus campañas, las de sus partidos y hasta para uso personal. El conjunto de las denuncias, que superan el centenar, proceden de las 78 delaciones premiadas de ex ejecutivos de la compañía, incluidos el dueño principal, Emilio Odebrecht y su heredero Marcelo. También mencionado reiteradamente por ex directivos de la firma, el presidente Temer se salva por una razón constitucional, que establece que el jefe de Estado no puede ser procesado por delitos cometidos con anterioridad a su mandato.
En medio del “tsunami” -como definió una mayoría de los columnistas brasileños, y de la “septicemia” generalizada en el cuerpo político brasileño como dijeron otros-, Temer trató este miércoles de recuperar algo del tremendo espacio perdido en cuestión de horas. “Debemos tener cuidado, porque de lo contrario, el Ejecutivo, el Legislativo y hasta el Poder Judicial, dejarán de operar”. Dirigiéndose especialmente al Congreso alertó: “No podemos paralizarnos”. El llamado tuvo un tono de desesperación. Ocurre que el Parlamento quedó literalmente vaciado el mismo martes, cuando estalló la noticia. Y ayer, los legisladores suspendieron todas las actividades. Sobraban razones: los presidentes de las Cámaras alta y baja, están en el famoso listado. Ni hablar de los que comandan las reformas jubilatoria y laboral; ambos están entre los parlamentarios mencionados por Odebrecht como receptores de coimas. No en vano, el vice de Diputados, Fabio Ramalho, pidió suspender sine die el tratamiento de medidas muy antipáticas, como es el proyecto de nueva ley previsional.
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