Por la sospechosa compra de un edificio, allanaron sedes de la Procuración General

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Agentes de la Policía de la Ciudad incautaron ayer equipos informáticos en cuatro edificios de la Procuración General de la Nación en el marco de la causa en la que se investiga un presunto delito en la compra de uno de esos inmuebles cuatro años atrás.

Los procedimientos -técnicamente allanamientos que se transformaron en órdenes de presentación- fueron llevados a cabo a partir del mediodía por orden del juez federal Julián Ercolini. Este magistrado tiene a su cargo la denuncia formulada por el fiscal Guillermo Marijuán y la causa está actualmente delegada en su colega Eduardo Taiano bajo secreto de sumario.

De acuerdo con la orden de Ercolini, los policías de la División de Análisis de Investigaciones Especiales de la Dirección Cibercrimen de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires buscaron en las dependencias de la Procuración las computadoras que haya usado el suspendido Guillermo Alfredo Bellingi.

Este funcionario, que ingresó a la Procuración tras la asunción como titular del organismo de Alejandra Gils Carbó, se desempeñaba como subdirector de Administración de esa institución al momento de la sospechosa adquisición del edificio situado en Perón 667, en pleno centro porteño, decidida en 2013 por la procuradora.

La compra se hizo -luego de suspender la adquisición de otro edificio- a cambio de $ 43.850.000, pero como la procuradora había dispuesto que el organismo a su cargo no pagaría comisión alguna, éstas fueron abonadas por la vendedora del inmueble, Arfinsa S.A.

De acuerdo con la investigación, esta firma pagó 8 millones de pesos de comisión a la inmobiliaria Jaureguiberry, casi cinco veces más que lo habitual, pero a la vez ésta abonó una subcomisión de 3 millones de pesos al productor de seguros Juan Carlos Thill. La denuncia relacionaba con estas firmas al ex esposo de la procuradora, Héctor Alonso, según dijeron fuentes judiciales.

Luego de las publicaciones periodísticas sobre la investigación judicial, Gils Carbó decidió esta semana abrir un sumario interno y separar provisoriamente de su cargo a Bellingi, quien intervino en el procedimiento pese a que Thill es medio hermano suyo, según dijeron fuentes de la Procuración.

“El precio ofertado y que efectivamente fue abonado por el Ministerio Público Fiscal, de $ 43.850.000, es el correspondiente al valor del inmueble libre de toda comisión inmobiliaria. Por lo tanto, si ARFINSA SA pagó algún tipo de comisión inmobiliaria en su carácter de vendedora, ello no generó erogación alguna para el Ministerio Público Fiscal”, dijo esta semana el organismo conducido por Gils Carbó a través de un comunicado.

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia anónima dejada bajo la puerta de la fiscalía a cargo de Carlos Rivolo, según dijeron fuentes judiciales. Este magistrado inició una investigación preliminar pero al entrar en licencia ésta fue concluida por su colega Marijuán, quien formuló la denuncia que por sorteo recayó en el juzgado a cargo de Ercolini, con intervención del fiscal Taiano.

La causa lleva el número 3.625/2017 y está caratulada “Gils Carbó, Alejandra Magdalena y otros s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, según dijeron a Clarín fuentes judiciales.

Los procedimientos fueron realizados en los edificios que la Procuración tiene en la Avenida de Mayo, la calle Perón, la Avenida Belgrano y la calle 25 de Mayo, todos en el centro de la ciudad. Además hubo allanamientos en las viviendas de Bellingi y Thill y en la inmobiliaria Jaureguiberry, según dijeron fuentes judiciales.

Las autoridades de la Procuración también aportaron a la Policía de la Ciudad el registro informático de acceso y egreso de visitas a los edificios en los que haya trabajado Bellingi. Este funcionario, contador de profesión, había pasado del área de Administración a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) cuando este organismo requirió a la procuradora, jefa de todos los fiscales, más especialistas para atender la demanda de su trabajo.

La orden emitida ayer por Ercolini tenía como finalidad la de identificar los equipos de computación en los que se hubiera “logueado” Bellingi y proceder a su secuestro. Entre las intenciones de los investigadores está la de hurgar en las casillas de correo electrónico del ahora sumariado contador.

El sumario abierto esta semana por la procuradora está a cargo del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien ya pidió y obtuvo de la Procuración diversos documentos relacionado con el caso.

La investigación judicial podría complicar la situación de Gils Carbó en el marco de los pedidos de juicio político planteados contra ella en el Congreso de la Nación, según evaluaron fuentes parlamentarias.

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