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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela dio un nuevo paso en el desconocimiento a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, al emitir una sentencia con la que asume las funciones legislativas.
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La directiva de la Asamblea calificó de golpe de Estado la decisión del TSJ y dijo que otorgaba al presidente Nicolás Maduro “todos los poderes”.
A continuación, algunas claves para entender el conflicto:
¿Qué significa la decisión del TSJ de asumir las funciones legislativas?
Cómo es la división del poder, hasta ahora, en el régimen de Venezuela. (Infografía AFP)
En principio, los magistrados adoptarán las funciones de los diputados en materia de aprobación de leyes y controles administrativos. El año pasado se ensayó ese esquema cuando el presidente Nicolás Maduro presentó ante el TSJ la ley de presupuesto nacional de 2017, una facultad exclusiva del Legislativo que quedó en manos de ese tribunal. El Supremo no ha emitido una sola sentencia contra el Gobierno y los fallos del último año han sido para anular o declarar inconstitucionales las leyes aprobadas por la Asamblea.
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¿Cuál es el justificativo legal para la decisión?
El máximo tribunal venezolano se basa en la situación de desacato a las decisiones del poder Judicial en que se encuentra la Asamblea, por lo que considera nulas todas las decisiones legislativas. El desacato se originó cuando a mediados del año pasado la Asamblea incorporó a la cámara a tres diputados de la región de Amazonas, los cuales fueron cuestionados por el oficialismo, que impugnó su elección. Aunque la directiva de la Asamblea desincorporó a los diputados, el TSJ mantiene la declaración de desacato. El tema debía ser resuelto por la Sala Electoral del TSJ, que no se ha pronunciado respecto a la posible convocatoria de una nueva elección en Amazonas.
¿Cuál es el próximo paso del proceso?
La sentencia significa que el Gobierno seguirá desconociendo las atribuciones de la Asamblea y los diputados impulsando debates y leyes que no tendrán efecto práctico. El presidente seguirá aprobando decretos con el aval de los magistrados, pero con legalidad cuestionada. Es el caso de posibles créditos externos que tramita el Gobierno, los cuales deben ser aprobados por los diputados.
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¿Qué hay detrás de la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo?
Una respuesta política se explica en el desconocimiento del Gobierno a un poder que está controlado por una mayoría opositora que cuestiona al Ejecutivo. La cámara legislativa está compuesta por 167 diputados y la oposición ganó 112 escaños, incluyendo a los tres de Amazonas, lo que significa una mayoría absoluta que faculta a la bancada mayoritaria para aprobar leyes que se refieren a derechos esenciales. Sin los tres de Amazonas, la oposición llega a 109 escaños, lo que recompone el número para la mayoría absoluta.
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¿Qué otras medidas tomó la Justicia en el marco de la pelea con la oposición?
El TSJ anuló todas las leyes que aprobó la Asamblea en 2016. Solo admitió una relacionada con un bono de alimentación para los jubilados, que el Gobierno desechó por supuestamente no contener un estudio económico sobre el origen del dinero para financiar ese bono. En el campo político, varios tribunales penales bloquearon el año pasado un referéndum sobre la permanencia de Maduro en la presidencia, ante una denuncia del oficialismo sobre las firmas de electores recogidas para solicitar la consulta. En 2016 era clave un referéndum, pues por ser el tercer año de un mandato de seis, si Maduro lo perdía tendría que haber habido un inmediato llamado a elecciones. Si se diera en 2017 y lo pierde, el mandato lo terminará en enero de 2019 el vicepresidente. (DPA)
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