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El de mañana será, en 20 años, uno de los peores viernes para moverse en Brasil, especialmente en las capitales como San Pablo y Río de Janeiro. Desde esta medianoche estarán paralizados los grandes aeropuertos internacionales y domésticos, además del transporte doméstico, correos y bancos. El paro general, promovido por las confederaciones gremiales, alcanza en forma masiva a los ómnibus, subtes y trenes. En la metrópolis paulista, los sindicatos de estos sectores avisaron que la suspensión de estos servicios, incluidos los aeroportuarios, deben durar todo el día de mañana.
La huelga nacional, la primera desde 1996, tuvo dos gatillos: la aprobación, el miércoles, por la Cámara de Diputados del proyecto de reforma de las leyes laborales; y la votación, que se avecina, de la reforma previsional. La ley laboral debe todavía pasar por el Senado y, por lo que indican declaraciones de sus principales líderes, “es difícil” que sea tratada tal como salió de la Cámara Baja. “Es una reforma que se hizo sin consultar opiniones y que solo le interesa al sistema financiero y que es rechazada de cabo a rabo por la población. Está tan mal hecha que violenta a la propia base oficialista (en el Parlamento). Por eso va y vuelve, de retroceso en retroceso”, declaró el líder del bloque oficialista en el Senado, Renan Calheiros. Este legislador ocupó hasta febrero último la presidencia de esa casa parlamentaria.
Según Renan, uno de los hombres afectados por menciones a su figura de los delatores de la empresa Odebrecht en el escándalo por corrupción en Petrobras, esta reforma “confisca los derechos de los trabajadores: rebaja salarios, deja al trabajador sin defensa al condenarlo a aceptar acuerdos que reduzcan su remuneración, supriman reajustes y revoquen las garantías en el empleo”. Pero el proyecto de ley tiene otro costado rechazado por las entidades gremiales: elimina la contribución obligatoria a los sindicatos de un día de trabajo cada año, y solo se permitirá el descuento si es explícitamente pedido por el empleado. En cambio, para el titular del bloque del DEM (un partido ultraconservador) Efraim Filho “al acabar con ese impuesto se termina con la ´mamata´ (el aprovechamiento ilícito del dinero)”. Sostuvo que “esta votación implica que se hace una reforma donde tiene fin el concepto de enemistad entre empresarios y empleados”. Para Calheiros, dirigente del partido de gobierno PMDB, la ley tal como está redactada no hará que profundizar “las desigualdades de la sociedad brasileña”.
No habrá clases, además, en colegios primarios, secundarios y universidades. Así lo aseguró el Sindicato de Profesores de la Enseñanza Oficial de San Pablo. El cuerpo profesoral se opone a la flexibilización porque ésta supone tercerizar las actividades. El intendente paulistano Joao Doria declaró que irá a descontar el día de paro de los salarios de quienes adhieren a la huelga. Aun así, las centrales sindicales y distintos movimientos sociales consideraron que el paro nacional tendrá un “muy alto nivel de acatamiento”. Doria asumió la jefatura del municipio de San Pablo, el mayor del país, en enero de este año. Y desde entonces hizo varias acciones propagandísticas de su gestión, tales como sacarse fotos con pala y pico para demostrar que está junto a los obreros, empeñado en dejar las calles como nuevas. Ayer, para frenar la ola huelguística, el intendente convocó también a los de Uber y de una red formada con el aplicativo Taxi 99 para que sustituyan al transporte público. Esto llevó a las redes de usuarios de esos aplicativos a convocar a un boicot contra ellos.
En San Pablo, la vigilancia policial fue reforzada por cuenta de las manifestaciones. El secretario de Seguridad Pública del estado, el más rico e industrial de Brasil, sostuvo que preservará de “ocupaciones” las vías de acceso a los aeropuertos. “Una cosa es cortar una calle y otra es impedir el tránsito por una avenida” declaró el funcionario, Mágino Alves. “No hay permisividad para ese tipo de acciones” concluyó. Reveló, también, que piensa usar las fuerzas policiales para “impedir disturbios civiles”. Esta fue una amenaza concreta contra el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, que anunció el cierre de los accesos a los aeropuertos de Congonhas y de Guarulhos.
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