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El Ministerio Público Electoral pidió en Brasil la anulación del mandato de Michel Temer y la prohibición a Dilma Rousseff de presentarse por ocho años de presentarse a cargos electorales. Según los fiscales, la fórmula integrada por ambos “tenía conocimiento de la forma cómo Odebrecht estaba financiando su campaña electoral, de los ilícitos practicados en beneficio de la candidatura”. Y añade que “teniendo conciencia de los acontecimiento, bastaba que se cohibiera o censurara esa práctica. Pero esto no sucedió y de allí la responsabilidad directa por los hechos”.
La decisión de la fiscalía electoral coloca un nuevo condimento de desestabilización política, justo en el momento en que la economía brasileña tendía a mejorar. Ayer se conoció la estimación de la actividad económica realizada por el Banco Central y dio una suba de 1,2% en el primer trimestre del año, contra el último de 2016.
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Ahora, le toca al Tribunal Supremo Electoral juzgar si decide o no separar a Temer de la presidencia del país. La manifestación final de esta Corte debe ocurrir a más tardar en junio. Pero según indicaron los medios periodísticos locales, la posición del juez Herman Benjamín –uno de los miembros del TSE—es avalar la posición de los fiscales de obligar a Temer a renunciar al puesto.
En la causa que pide el alejamiento del actual presidente fueron incluidos los testimonios de dos delatores del caso Odebrecht: el publicitario Joao Santana y su mujer Mónica Moura. Ambos fueron indagados el 24 de abril último por los fiscales del Lava Jato. Y según ellos la ex jefa de Estado estaba al tanto de los movimientos irregulares de fondos para su campaña.
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Este proceso había sido abierto por el Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB), que perdió las elecciones de 2014. La versión de que se usaron fondos irregulares recaudados por los comités de campaña fue descartada por el Partido de los Trabajadores, al que pertenece Rousseff.
En cuanto a PMDB, que es el partido de Michel Temer, puso el énfasis en señalar que el actual presidente no tuvo ninguna injerencia en esa campaña electoral y que por lo tanto el caso de él debería ser tratado en forma independiente del de Rousseff.
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Todavía no hay un fecha oficial para que los ministros del TSE retomen el análisis de las pruebas que en apariencia podrían condenar a la fórmula Rousseff-Temer.
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