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Con una ajustada diferencia de menos del 3%, los turcos decidieron darle más poder a su presidente, Recep Tayyip Erdogan, en un referéndum impulsado por él mismo que dividió las aguas del país, en una jornada histórica en la que la oposición denunció “manipulación electoral” y pidió el recuento del 37% de los votos.
Según la agencia de noticias estatal Anatolia, con un 99% de los votos escrutado, un 51.34% de los ciudadanos turcos apoyó al Sí a un sistema presidencialista, mientras que un 48,66% optó por el No y apostó-sin éxito- a una democracia parlamentaria.
Como necesitaba el oficialismo, la participación fue muy alta. Según cifras oficiales, más de 48 millones de turcos emitieron su voto, lo que representa alrededor del 87% del padrón nacional.
Con el nuevo sistema, Erdogan podrá permanecer dos ciclos electorales más, lo que significa que si gana en 2019 y 2024, se quedará en el poder hasta 2029. También podría volver a la dirección de su partido, el AKP ya que la nueva Constitución no obliga que el presidente sea una figura neutral, por encima de los partidos.
Mientras en las calles de Estambul muchos partidarios del Sí salieron a festejar, el principal partido de la oposición denunció que la decisión de la Corte Suprema Electoral de contabilizar los votos que no posean el sello oficial, algo que no tiene precedentes en el país, tiñe con “un serio problema de legitimidad” el escrutinio.
Además, el Partido Popular Republicano adelantó que pedirá una revisión del 37% de los votos emitidos a nivel nacional ya que dudan de su legitimidad, según anunció el vicepresidente de la fuerza, Erdal Aksunger, citado por el diario local Hurriyet.
Poco antes, el presidente del partido opositor, Bulent Tezcan, había denunciado ante la prensa el origen de la falta de confianza: la decisión del máximo órgano nacional de la Justicia Electoral, que estableció que sólo serán considerados como no admisibles aquellas boletas que se pruebe fehacientemente que fueron emitidas o insertadas en las urnas de manera fraudulenta, informó la cadena de noticias CNN.
“La Corte Suprema Electoral cambió las reglas de votación…esto significa que la corte está permitiendo un fraude en esta votación”, sentenció Tezcan.
Con el 99% de los votos escrutados, la ventaja del Sí se achicó hasta acercarse a menos de tres puntos porcentuales.
Con esta ajustada diferencia, desde el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), la segunda fuerza opositora más importantes del país y una inédita coalición de partidos de izquierda y pro kurdos, se sumó a las denuncias por irregularidades y anunció que hasta que la Justicia Electoral no aclare cuántas boletas electorales sin el sello oficial fueron contabilizadas ellos no reconocerán al resultado oficial como “definitivo”, según publicó en su cuenta de Twitter.
Los victoriosos, sin embargo, no se hicieron eco de estas denuncias y comenzaron sus celebraciones.
Un exultante Erdogan llamó al primer ministro, Binali Yildirim, para felicitarlo por “el triunfo”, según fuentes de Presidencia, citadas por la agencia oficial de noticias turca, y poco después el propio premier habló frente a una multitud de simpatizantes en Ankara y celebró que el “Sí ganó en el referéndum”.
Con este resultado a favor del Sí se instaurará un sistema político que le da todo el Poder Ejecutivo al presidente y, si tiene éxito, podría suponer el mayor cambio en la historia reciente de Turquía, al modificar las bases de la República laica fundada en 1923 por Mustafa Kemal Atatürk.
Las enmiendas le darán al presidente el poder de nombrar ministros y funcionarios gubernamentales, nombrar a la mitad de los miembros del máximo órgano judicial del país, dictar decretos y declarar estados de emergencia.
También influirá en las tensas relaciones de Turquía con la Unión Europea (UE). El estado miembro de la OTAN frenó el flujo de inmigrantes – principalmente refugiados de Siria e Irak – en el bloque, pero Erdogan dijo que, tras la votación y su resultado a favor, puede revisar el acuerdo de deportaciones.
Durante esta crucial jornada, la ONG de Derechos Humanos, IHD, denunció irregularidades durante el proceso de votación. Una de ellas fue como en cinco provincias, varios de sus observadores tuvieron el acceso denegado a los lugares de votación.
Además, en las provincias de Agri, Erzurum y Adiyaman, en el este y sureste del país, algunos electores habrían sido forzados a emitir su voto públicamente, según IHD.
Durante la mañana, la jornada electoral transcurrió sin mayores incidentes y con largas colas para votar en numerosos colegios electorales, pero con el correr de las horas la oposición denunció que sus observadores electorales tuvieron dificultades para desempañarse en varias regiones.
El diputado del HDP, Ziya Pir, que se opone a las reformas, señaló a la agencia de noticias DPA que varios policías ordenaron la salida a los observadores de su partido y a los del principal grupo de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo en un local electoral en la ciudad kurda de Diyarbakir, en el sur del país.
En tanto, la agencia de noticias privada DHA informó sobre la muerte de dos personas durante un incidente en la provincia de Diyarbakir, de mayoría kurda.
El enfrentamiento se produjo frente a un local de votación, donde varias personas chocaron con cuchillos y armas de fuego, con el saldo de dos muertos, un herido y uno de los supuestos participantes de la pelea detenido por la policía.
Además, en Estambul, un grupo de unos 30 personas agredió al conocido periodista Ali Bayramoglu, que fue durante años se mantuvo al lado del gobernante AKP, pero que recientemente anunció que votaría por el No en el referéndum.
Las críticas al proceso electoral habían comenzado incluso antes de abrirse las urnas.
La oposición y la misión de observación electoral de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) habían cuestionado que el referéndum se celebrara bajo el estado de emergencia decretado por Erdogan tras el fallido golpe de julio pasado, que limitó varios derechos fundamentales y acompañó una purga que envió a 47.000 personas a prisión y dejó a más de 134.000 empleados públicos sin trabajo.
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