Detuvieron al padre y al hermano de un diputado provincial por integrar una red de material de abuso infantil

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En el marco de múltiples allanamientos por una red de pornografía infantil internacional, detuvieron en la localidad de Apóstoles al padre y al hermano del diputado misionero Germán Kiczka, miembro del Partido Activar que conduce Pedro Puerta.

Según los datos que se conocieron, el allanamiento en la provincia de Misiones se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la Manzana 15 del barrio Illia de la localidad de Apóstoles, donde se secuestraron además elementos informáticos vinculados a la causa.

Los detenidos son Leandro Antonio Kiczka de 73 años, comerciante, dueño de una pizzería y Sebastián Kiczka de 45 años, también comerciante, padre y hermano del diputado respectivamente.

El operativo, encabezado por la fiscal Daniela Dupuy del MPF porteño, fue realizado por el CIJ y la PFA. Se realizaron acciones simultáneas en países como El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

En el marco de una investigación que encabeza la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy para desbaratar a una banda que se dedica a la distribución de material sexual infantil, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF CABA y la Policía Federal Argentina realizaron nueve allanamientos en distintos puntos de Argentina, con el objetivo de identificar a víctimas menores de edad de abuso sexual y secuestrar material incriminatorio. Como resultado ya detuvieron a dos personas.

Según informaron, los detenidos son dos hombres de 49 años: uno es desempleado; el otro, ingeniero informático. “Ese segundo dato es importante porque se cree que solo ‘caen’ quienes no saben manejarse con la tecnología. Afortunadamente, hemos avanzado muchísimo en incorporar tecnología de primera para investigaciones informáticas”, aseguró el fiscal general de CABA, Juan Bautista Mahiques.

El operativo es de corte internacional: también participan las autoridades de otros países de la región como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú.

Así, los registros se llevaron a cabo en cinco domicilios de la provincia de Buenos Aires, dos de CABA, uno en la ciudad de San Miguel de Tucumán y otro en la localidad de Apóstoles, provincia de Misiones.

Según comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, el caso se inició el 16 de enero pasado, a partir de la colaboración con la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC, por sus siglas en inglés).

Luego de las primeras requisas, los investigadores se encuentran en la etapa de triage, un proceso de selección de dispositivos o filtrado de información ordenado por la autoridad judicial que aporta criterios de evaluación sobre los dispositivos electrónicos en el lugar del hecho, para determinar qué es útil y qué no.

Por su parte, los imputados fueron trasladados a la sede fiscal para ser indagados.

Sobre este operativo internacional, el fiscal Juan Bautista Mahiques sostuvo que “se busca identificar a víctimas de abuso sexual en línea de los niños, niñas y adolescentes que son abusados sexualmente en los archivos de imagen y video vinculados a la presente investigación, como también a los que sean encontrados en los dispositivos que se secuestren”.

Una operación similar se montó en abril del año pasado, cuando se realizaron 62 allanamientos en simultáneo en todo el país para desbaratar una organización de producción de material de abuso sexual infantil.

Como resultado de la Operación Red Federal en Alerta II, 13 personas fueron detenidas y se secuestraron más de 600 dispositivos electrónicos de almacenamiento.

La investigación también fue realizada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, a cargo de la fiscal Dupuy, junto con el CIJ del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, en un trabajo conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal CABA. Así, se logró identificar a 62 usuarios en distintitos puntos del país, entre ellos, la provincia de Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut, Córdoba, Formosa, Salta, San Luis, Misiones, Jujuy, Mendoza, Chaco y San Juan.

Con información de Mol e Infobae