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El caso Micaela García (21) sumó un nuevo misterio: nadie sabe dónde está el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi (53). Lo último que se supo de él es el pedido de licencia por 20 días que solicitó al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. El magistrado quedó en el ojo de la tormenta por ser el que firmó la libertad condicional para el gemelo Sebastián José Luis Wagner (30), acusado de raptar y asesinar a Micaela en Gualeguay, el 1° de abril. Además de la presión popular, sumó varios pedidos de juicio político de legisladores nacionales y provinciales.
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En medio de todo, ayer la autopsia sobre el cuerpo de la joven confirmó que murió por “asfixia por compresión mecánica de cuello” y que la data de muerte fue el mismo sábado de su desaparición. Todavía no se pudo determinar si la víctima sufrió abuso sexual y para ello se solicitaron otros estudios.
Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, en el pedido de licencia Rossi adujo “razones de seguridad familiares y personales”. Desde el jueves pasado la Policía custodia sus propiedades, las de su familia y la sede del juzgado de Ejecución de Penas, por orden judicial. Pero la última vez que se lo vio al juez por la zona de Gualeguaychú fue el sábado a las 14.30, cuando se fue en su auto de su quinta de Pueblo Belgrano.
Quienes lo conocen saben que “se veía venir” el escrache que unos 70 vecinos realizaron una hora después frente a su casa. “Teníamos miedo que entren y prendan fuego la casa. La gente está indignada, permanentemente pasa por el frente de la casa e insulta”, dijo uno de los encargados de custodiar a Rossi. Como esa, hubo al menos otras tres manifestaciones en repudio a la decisión del juez que liberó a Wagner –un condenado por dos casos de violación– a pesar de la opinión “desfavorable” del Servicio Penitenciario y el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos.
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El primero fue no bien se conoció el hallazgo sin vida de Micaela –una semana después de su desaparición cuando salía del boliche “King”–, cuando un grupo que se convocó por las redes sociales se dirigió a la casa de Rossi, ubicada en Jujuy al 900, en el centro de Gualeguaychú. Prendieron velas, pegaron carteles y dejaron fotos de la joven. Y a la noche, una marcha que pasó por la plaza principal y los tribunales, finalizó frente a su casa con pintadas sobre el asfalto.
En paralelo, funcionarios, legisladores entrerrianos y nacionales de distintas fuerzas se sumaron a los pedidos de remoción y juicio político del magistrado. Todo después de que el propio presidente Mauricio Macri advirtió que a “este tipo de jueces no lo podemos tener”.
Ayer, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, volvió a pedir que “avancen con celeridad” los expedientes contra Rossi. El funcionario había dicho que el juez “debería renunciar” o, de lo contrario, “el Consejo de la Magistratura debería removerlo”.
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Pero ayer el actual titular del Consejo de la Magistratura entrerriano, Antonio Eduardo Mainez, reconoció en declaraciones radiales que el organismo no tiene “atribuciones constitucionales para intervenir en un proceso donde se revise si un magistrado incurrió en una falta que merezca un juicio en el que intervenga un jurado de enjuiciamiento”. Ocurre que el Jurado de Enjuiciamiento, tras la reforma de la Constitución de Entre Ríos en 2008, no fue reglamentado por la Legislatura.
Por las dudas, Maines agregó que no tiene conocimiento que Rossi haya tenido “cuestionamientos anteriores en sus fallos”.
El primero en pedir el juicio político contra Rossi fue el senador por el departamento de Gualeguaychú, Nicolás Mattiuda (Cambiemos), quien ayer consideró: “Estas decisiones, tomadas al límite de la ley, apartándose de una serie de informes técnicos que desaconsejaban tal medida, demuestran, una vez más, que tenemos un tipo de jueces que se ponen más cerca de los delincuentes que de sus víctimas”, dijo.
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A Mattiuda se le sumó su par del Frente para la Victoria, Aldo Ballestena, quien además pidió “suspender al magistrado” de inmediato, argumentando un “mal desempeño de sus funciones”. Otros que adelantaron que sumarán denuncias contra el juez fueron los legisladores Ricardo Troncoso (UCR) y su par del Frente Renovador, María Elena Tassistro.
En tanto, según pudo saber Clarín, los bloques legislativos y el propio Ejecutivo ya puso la lupa sobre otras resoluciones de Rossi. Sospechan que Wagner no fue el primer preso que el juez liberó antes de cumplir su condena y luego reincidió.
Hoy, será el “Abrazo a Micaela”, organizado por su familia, en el Centro de Educación Física (CEF) N°3 de Concepción del Uruguay, para despedirla. Convocaron a familiares a partir de las 8 y a la comunidad general a las 10 “con alegría, haciendo ruido como a Mica le gusta”.
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