La ley para limitar las excarcelaciones otra vez se demora en el Congreso

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Con la solitaria oposición de un puñado de senadores kirchneristas, el Senado aprobó ayer el proyecto que limita las excarcelaciones para autores de delitos violentos, como el robo con armas de fuego, el homicidio agravado y el abuso sexual, pero la ley igual volvió a quedar demorada. La Casa Rosada ambicionaba que la iniciativa fuera sancionada en un trámite rápido, pero no fue posible: los senadores realizaron retoques en 10 de los 40 artículos de la norma, con lo que ahora Diputados deberá volver a discutirla.

“Si hay consenso, podríamos tratarla a fines de mayo o principios de junio”, anticipó anoche a Clarín el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

En el Senado la norma fue aprobada por 48 votos a favor, 8 en contra y la abstención de Pino Solanas. Apenas concluyó la votación, el secretario Parlamentario Juan Pedro Tunessi dejó constancia de que había sido aprobada por dos tercios de los senadores presentes.

Así, para volver a insistir con su texto original, Diputados deberá también reunir el apoyo de dos tercios de sus miembros, algo que asoma como poco probable.

Aunque son comunes los recelos entre senadores y diputados cuando mutuamente se corrigen los proyectos, esta vez en la Cámara baja podrían avalar los cambios.

El diputado radical Luis Petri, autor original del proyecto, dijo anoche a Clarín: “La mayoría de las modificaciones son menores y no afectan el corazón de la norma. Lo esencial, el régimen diferencial para delitos graves, se mantiene inalterable”.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich había buscado que la iniciativa fuera sancionada rápidamente por el Senado. Incluso se había reunido la semana pasada con jefes de diferentes bloques para reclamar su aprobación. “Hay un compromiso para convertir en ley este proyecto la semana que viene”, había adelantado aquel jueves 20 al salir del Congreso, en conferencia de prensa. No pudo ser: la ley quedó demorada.

Bullrich venía sosteniendo que la iniciativa “ya estaba en la agenda oficial” desde el año pasado y rechazaba que fuera una “reacción” al crimen de Micaela García, la chica de 21 años que fue asesinada en Entre Ríos por un hombre que tenía dos condenas por violaciones y había sido beneficiado con la libertad condicional.

Pero ayer durante el debate en el recinto, el jefe de la bancada mayoritaria del FpV, Miguel Pichetto, vinculó el tratamiento del proyecto a ese crimen. “Alguien dijo que esta ley no tiene que ver con Micaela. Claro que tiene que ver. Es uno de los temas que disparó este debate”, reconoció.

Y refiriéndose al asesino, completó con crudeza: “Encima le dieron la libertad anticipada para que se vaya resociabilizando con las futuras víctimas para ver cómo las violaba”.

Ya en el primer artículo del proyecto, los senadores borraron un tramo de lo aprobado por Diputados. Era una parte en la que se sostenía que “el fin y la justificación de las penas es la protección de la sociedad frente al crimen”. En el Senado justificaron: “Tenía aroma a fascismo”.

Los cambios más importantes son los que se hicieron en el artículo 30, que es donde se detallan las figuras penales que dejarán de tener el beneficio de las excarcelaciones. Es decir, qué condenados tendrán que cumplir las penas enteras. De allí se sacó el homicidio simple. “Puede ser un crimen ocasional y cometido por un buen tipo en, por ejemplo, una pelea en la calle”, argumentó un senador de Cambiemos.

También se quitaron diversos delitos de índole económico, como la quiebra fraudulenta o el manejo de una mesa de dinero, y el contrabando simple.

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Del proyecto original sí permanecieron, y quedarán exceptuados de las salidas anticipadas, los condenados por contrabando agravado, trata de personas, financiar el terrorismo, secuestro extorsivo y tortura seguida de muerte, robo calificado con arma, homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y abuso sexual.

También se cambiaron las facultades que se le otorgaban al Servicio Penitenciario y los pasos para que el juez de ejecución penal (siempre con intervención de las víctimas) decida sobre la concesión de las salidas.

El encargado de defender el proyecto en el recinto fue el senador peronista Pedro Gustavino, quien preside la comisión de Justicia del Senado. “Con la sanción de esta norma estamos dando una respuesta a la sociedad, pero no hay soluciones mágicas”, apuntó.

Los oficialistas Ernesto Martínez, Pedro Braillard Poccard y Silvia Elías de Pérez justificaron los cambios. Dijeron que lo que se estaba buscando “era la mejor ley posible” y que el proyecto de Diputados tenía artículos que eran “inconstitucionales”.

En el cierre, Pichetto defendió los cambios: “Son para endurecer la ley. El Senado no trabajó para beneficiar, estamos poniendo los delitos más graves para que los condenados no tengan libertad anticipada”.

Solo 8 senadores K y de La Cámpora votaron en contra. “Nos mandaron (de Diputados) un bodrio jurídico, pero por más que esté maquillado, un bodrio es un bodrio. Hemos destrozado la lógica del Código Penal”, apuntó el neuquino Marcelo Fuentes.

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