Un tiro en el pecho para la Policía de la Ciudad y una grieta sangrienta

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La detención del comisario José Pedro Potocar es un tiro en el pecho para la flamante Policía de la Ciudad. La renovación que decía encarnar, sus promesas de transparencia, su credibilidad y su pretendida lucha contra la corrupción fueron esposadas ayer en los Tribunales. Una escena calcada a la que atravesó otro gobierno porteño del PRO cuando designó a Jorge “El Fino” Palacios al mando de la por entonces naciente Policía Metropolitana.

Lo paradójico es que este golpe casi mortal llegó de la mano de uno de los pocos comisarios -sino el único- que con 36 años de carrera en la Federal no acumula más que comentarios positivos sobre su honestidad. Su extensa trayectoria en Asuntos Internos sólo le ha ganado enemigos dentro de lo más corrupto de esa Fuerza. Ayer eran muchos los que especulaban con que su caída se gestó desde allí, desde esa auténtica grieta que hay entre los policías de la Capital.

De un lado están los que se quedaron en la Federal, bajo el mando del Ministerio de Seguridad de la Nación. Del otro, los que pasaron a la Ciudad, a la órbita del Ministerio de Seguridad porteño. Se odian a tal punto que cualquier vecino de la Capital que sufre un robo en su casa lo puede comprobar: los peritos de Científica, que aún dependen de la fuerza nacional, demoran horas en ir a levantar pruebas al lugar sólo para complicar a sus colegas metropolitanos. A mayor escala, la guerra es sangrienta.

El esquema de recaudación ilegal que investiga José María Campagnoli es orgánico, tradicional y se reproduce en la mayoría de las comisarías porteñas. De hecho, el mismo fiscal investigó y logró la condena de una banda de policías que, hasta 2010, hacía lo mismo en Saavedra. Aquella causa fue adjuntada a la actual, como forma de demostrar un patrón.

Ninguna de las variantes que presenta esta realidad augura un buen futuro para el comisario Potocar. Si recibía una tajada del sistema corrupto terminará condenado; si convivía con él sin evitarlo quedará como cómplice y también será reprochado penalmente; si ignoraba todo, podrá eventualmente evitar la cárcel pero no el mote de estúpido, lo que igual lo inhabilitaría como jefe. Su destino en la Policía se definirá en diez días, cuando el juez Ricardo Farías decida si lo procesa. Ese es el plazo que se fijó el Ministerio de Seguridad porteño para mantenerlo como “suspendido” sin reemplazarlo.

Pero la inquietud en esa cartera va más allá. El ministro Martín Ocampo, amigo y protegido de Daniel Angelici, no sólo acaba de recibir un tremendo golpe de parte de un fiscal cuya hermana milita junto a Lilita Carrió -la gran enemiga del presidente de Boca; también sabe que el origen de este mal trago hay que buscarlo en la Nación. A nadie escapa que la causa que ayer llevó a Potocar a prisión se inició por la denuncia no tan anónima de un gendarme.

Hace un año ese oficial llevó las pruebas clave del caso -como una filmación donde el jefe de la comisaría 35°, Norberto Villarreal, indicaba cómo coimear a “trapitos”- a su jefatura política, el Ministerio de Seguridad de la Nación. El sobre que dejó allí fue a parar a manos de Campagnoli, que así empezó la causa contra la estructura policial porteña.

Hay más datos incómodos. Uno de los testimonios que hundió a Potocar fue el del subcomisario Hernán Kovacevich, quien era el número 3 de la comisaría 35° y, por ende, el jefe operativo. Bajo su mando estaban “Gusano” y “Cachorro”, los dos integrantes de la brigada que salían a la calle a exigir las coimas. Detenido el mes pasado, declaró ante la Justicia que la plata de la recaudación iba a parar a manos del hasta ayer jefe de Policía y a los pocos días, el 5 de abril, recibió la falta de mérito. Entonces volvió a su puesto actual: trabaja en Drogas Peligrosas de la Policía Federal, ya que es uno de los pocos oficiales que pidió el pase de regreso de la fuerza porteña a la nacional.

Otra prueba clave contra Potocar es el cuaderno donde el comisario Villarreal supuestamente anotaba el reparto de coimas a sus superiores. Allí se lee que “DGC” -sería el Director General de Comisarías, cargo que tenía el jefe preso- se llevaba “4”, algo que Campagnoli interpretó como 4.000 pesos. Más allá de que es una cifra exigua para alguien que gana 100.000 al mes, en la misma planilla informal aparece otra sigla, “De A”, junto a un “60”; son las iniciales del anterior titular de esta seccional, Ricardo De Armas, lo que abre la chance de que las anotaciones sean viejas, previas a Potocar.

Quien podría aclararlo es el propio comisario Villarreal, si no fuera porque está prófugo. En noviembre otra fuerza federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, fue a detenerlo a su lugar de trabajo y no lo encontró. Se habla de miles de razones detrás de este fracaso.

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