[ad_1]
Con cuestionadas designaciones de fiscales y empleados, Alejandra Gils Carbó tuvo un rol decisivo en la justicia federal de Bahía Blanca, durante el período en el que se empantanaron las investigaciones que complicaban a Lázaro Báez.
Clave había sido la designación, el 19 de junio de 2015, del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla en reemplazo del juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez. Este último, dos meses antes de su separación por el Consejo de la Magistratura con mayoría K, había dado intervención al fiscal Antonio Castaño, para que presentara el requerimiento de instrucción en la causa contra los empresarios Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza, quienes a través de sus empresas proveían de facturas apócrifas a la empresa nodriza de Báez, Austral Construcciones.
Primer avance contraGils Carbó en el Congreso: la citaron a declarar el 18 de mayo
Sin embargo, con la llegada de Ramos Padilla, miembro de Justicia Legítima como la procuradora, el expediente no registró avances, durante casi un año. Recién en agosto de 2016 y especialmente con la designación por el Senado el año pasado del juez federal Walter López Da Silva, la causa por asociación ilícita tributaria contra Lázaro y Martín Báez y una decena de empresarios comenzó a moverse. Actualmente está planteada una divergencia sobre la competencia con el juez Sebastián Casanello.
De aquel tiempo, mediados de 2015, también se le cuestionan a Gils Carbó designaciones en Bahía Blanca, entre ellas, la de José Nebbia, primero en la fiscalía de Derechos Humanos y luego como subrogante en la fiscalía federal 2. Junto a Miguel Ángel Palazzani, otro nombramiento cuestionado en Derechos Humanos, Nebbia presentó cuatro denuncias contra Martínez ante el Consejo de la Magistratura, que terminó por separarlo del cargo, forzando la ley de subrogancias, luego declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Lo acusaban de demorar trámites de lesa humanidad.
Más sospechas sobre Gils Carbó: alquiló otro edificio que nunca usó
En julio de 2015, a pedido de Ramos Padilla, la procuradora designó como adscriptos por un año a dos empleados del Ministerio Público Fiscal en el juzgado federal 1. Esta medida -que no fue comunicada a la Cámara Federal bahiense- fue cuestionada en ese tribunal por violar el Régimen General de Adscripciones del Ministerio Público Fiscal. Más tarde, otros dos empleados de la Procuración fueron designados en la secretaría de Derechos Humanos del mismo juzgado, también a pedido de Ramos Padilla.
Otra polémica designación de Gils Carbó fue la del ex secretario penal del juzgado federal 1, Alvaro Coleffi. Pese a que ya había sido cesado en el cargo y estaba investigado, acusado de violar secretos al entregar indiscriminadamente escuchas telefónicas del caso Suris a un portal bahiense, Coleffi fue contratado en diciembre de 2015 por la Procuración para cubrir un cargo equivalente al de secretario de fiscalía de primera instancia, en la fiscalía federal 2 de Bahía Blanca.
Denuncian al Estado por la ley que prevé juicio político para Gils Carbó
Seis meses después, el 2 de junio de 2016, Coleffi fue cesanteado por segunda vez por la Cámara Federal y se abrió una causa por su contratación, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11 de Claudio Bonadío. En la elevación del caso al juez, los camaristas bahienses cuestionaron las frecuentes reuniones que Coleffi, como juez ad hoc en causas de lesa humanidad, mantenía con los fiscales Nebbia y Palazzani.
Más allá de la acusación por violación de secretos y publicación indebida de correspondencia, cuya solicitud de elevación a juicio se produjo a fines de marzo, Coleffi también acumuló causas por diversas irregularidades en la tramitación del expediente Suris, las que fueron archivadas por Ramos Padilla, antes de dejar el juzgado en diciembre de 2015 y a pedido del fiscal Nebbia.
[ad_2]
Fuente