El plan de Odebretch para confesar sus sobornos y mantener las obras

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La empresa brasileña Odebrecht elaboró un plan para mantener la principal obra pública que está realizando en la Argentina, el soterramiento del tren Sarmiento; y a la vez confesar a quiénes les pagó 35 millones de dólares en coimas, entre 2007 y 2014, para lograr obras durante la gestión de los gobiernos kirchneristas.

El plan de Odebrecht arranca con la firma de un convenio con la Justicia argentina, mediante el cual puedan declarar los 78 “arrepentidos” que están colaborando con los jueces brasileños y la de otros países, en el marco del convenio de Mérida de la ONU contra la Corrupción y del acuerdo que firmó con la justicia brasileña.

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Fuentes cercanas a la compañía explicaron que hay 78 personas de Odebrecht procesadas y condenadas enBrasil por delitos cometidos en ese país y otras once naciones de la región, incluyendo la Argentina. “Pero ninguno de ellos puede volver a ser condenado nuevamente en otro país. Todos están obligados a aportar información a la justicia local en donde Odebrecht haya firmado convenios de cooperación que les garanticen poder declarar contra sí mismos -renunciando a una garantía constitucional- sin más consecuencias que las que ya afrontaron en Brasil”.

En ese contexto, la empresa está dispuesta a colaborar con las investigaciones, aclarar los errores y reparar los daños; “reconocer prácticas impropias en las actividades en la Argentina y pedir disculpas públicamente; servir de ejemplo y ayudar a promocionar mejorías de transparencia en las relaciones público-privadas; cumplir con las obligaciones del acuerdo; y ponerse a disposición para negociar una reparación civil, en el caso que sea considerado necesario”, dijeron en la compañía.

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Para pagar las multas, Odebrecht reclama mantener sus obras públicas en Argentina y poder participar en nuevas licitaciones. Entre las vigentes se destaca el soterramiento del tren Sarmiento, un contrato de 3.000 millones de dólares, que tiene un avance del 10% de la obra y realiza un consorcio integrado por Odebrecht, la española Comsa, la italiana Ghella y la nacional IECSA -firma que era del primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, quien la vendió el mes pasado-.

La empresa Odebretch también tiene la construcción de una planta potabilizadora de agua de Aysa, en Tigre, que está avanzada en un 98%, y es una de las que investiga la Justicia. En ésta causa declaró la semana pasada el cambista brasileño Leonardo Meirelles, quien aseguró haberle pagado unos US$ 850.000 a Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Las fuentes cercanas a Odebrecht intentaron despegarse de Meirelles y señalaron que “no trabajaba sólo para esa compañía. Era un cambista con múltiples clientes”.

El juez brasileño Sergio Moro estableció como límite el 1° de junio para levantar el secreto sobre las declaraciones que hicieron los directivos de Odebrecht y sus contratistas en la megacausa de corrupción conocida como Lava Jato, algunas de las cuales involucran a la Argentina. Pero sin un convenio como el que reclama Odebrecht sería muy difícil profundizar sobre las responsabilidades de los funcionarios e intermediarios que recibieron los 35 millones de dólares de coimas que la firma aceptó haber pagado en la Argentina.

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La propuesta está en manos de los fiscales Federico Delgado, Sergio Rodríguez y Franco Picardi. También la tiene la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Pero hasta ahora ninguno de ellos avanzó en la firma de un convenio.

“Si un sólo fiscal quisiera, nosotros podríamos poner toda la documentación a su disposición”, dijeron las fuentes cercanas a Odebrecht. Eso permitiría conocer cuánto dinero, en qué fechas y a quiénes les pagó la empresa brasileña, pudiendo avanzar en procesos y condenas a funcionarios y a sus testaferros. Habrá que ver si el sistema político, empresarial y judicial está a la altura de un Lava Jato en la Argentina.

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