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La crisis del peronismo jujeño crece con denuncias cruzadas y escándalos. El partido local fue intervenido por el PJ Nacional pero su presidente, el massista y vicegobernador de la provincia Carlos Haquim, se niega a entregar las llaves de la sede, salvo que la que la Justicia lo obligue. “Tienen el edificio tomado”, se quejan en el sector del ex gobernador Eduardo Fellner, mientras en la otra vereda apoyan la resistencia y denuncian una maniobra kirchnerista.
“No vamos a entregar las llaves de nuestro partido a los que devastaron la provincia y utilizaron el PJ para enriquecerse, robándoles a los jujeños los sueños y la esperanza”, anunció un grupo de afiliados que responde a Haquim, luego de convocar a una asamblea para “resistir”. Desde ese entonces, la sede mantiene abiertas sus puertas pero “permanentemente hay gente adentro haciendo guardia” para no dejar que se instale el equipo del interventor. Afuera, custodian tres efectivos de la policía.
El Consejo Nacional del Justicialismo es el que decidió, en diciembre, intervenir el partido y nombró al ex gobernador de Mendoza, Celso Jaque, para que se haga cargo de normalizar la situación.
Consideran que hubo irregularidades en la elección de autoridades, en las que el FPV no se presentó y Haquim ganó con los votos del 3% de los 130 mil afiliados. Además, acusan al vice del radical Gerardo Morales de formar parte de un plan del oficialismo para eliminar cualquier oposición. En la otra vereda, aseguran que la intervención es una operación del kirchnerismo para imponer a los suyos y piden que se llame a elecciones internas otra vez.
La cuerda se tensa más a medida que se acercan las elecciones, ya que la pelea de fondo pasa por qué grupo tendrá la lapicera para el armado de listas del partido.
Haquim aclaró desde el primer momento que no acataría la intervención porque no reconoce la autoridad del Consejo Nacional e inició una serie de amparos y recursos judiciales.
Todo terminó en manos de la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, quien debe expedirse. Hasta que no lo haga, el hoy referente del Peronismo Renovador no entregará la llave del inmueble. De hecho, la semana pasada desoyó la orden del juez federal jujeño, Mariano Cardozo.
“El vicegobernador armó a la distancia un piquete frente a la entrada del edificio e impidió el ingreso del secretario electoral Juan Chañi designado para el acta de traspaso”, comunicó Cardozo, quien considera la “desobediencia judicial a través del piquete y su pirotecnia verbal” conspira contra “el necesario clima de orden y paz que debe estar presente durante el cronograma electoral”.
Los afiliados que bancan la resistencia apuntan contra Cardozo -quien en un inicio se había declarado incompetente para intervenir- por ser el padre del diputado del Frente para la Victoria, Juan Cardozo Traillou.
“Tenemos serios reparos en la actuación de Cardozo, que se declaró incompetente en su momento, me parece que por una razón natural porque su hijo es parte directamente interesada. Ahora no puede actuar nuevamente”, argumentó Haquim, quien solicitó la recusación del juez y presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por el “mal desempeño de sus funciones”.
Mientras tanto, Jaque también presentó una denuncia. “Hemos tomado conocimiento de que esas personas no están dispuestas a entregar las llaves de la sede y que ‘recurrirían al uso de la fuerza física’ en caso de que nos presentáramos a tomar posesión del edificio”, expresó Jaque en un escrito presentado ante la Justicia Electoral Federal.
La decisión de Servini de Cubría parece ser el único recurso que podría aplacar la tensión que sigue en aumento. La jueza ya presidió una audiencia de conciliación y se espera su fallo.
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