Investigan si Capitanich cambió dólares en una mesa de dinero

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La Justicia investiga quiénes son los responsables de operaciones cambiarias irregulares por 30 millones de dólares durante el cepo cambio del gobierno de Cristina Kirchner. En una causa en que se investiga la desaparición de un financista el fiscal y la jueza nombraron al ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich; al ex coordinador de operaciones del Servicio Nacional de Manejo del Fuego Matías Osterc y al empresario kirchnerista Lázaro Báez como supuestos contactos de esas maniobras.

En el expediente se probó que Osterc era funcionario de la Jefatura de Gabinete en los tiempos de Capitanich en ese puesto (entre el 2013 y el 2015) y además era piloto. De acuerdo a la acusación del fiscal, la jueza sostuvo que se consolida la hipótesis de que la plata que manejó Osterc “provenía de funcionarios del gabinete nacional y empresarios vinculados a la política”. En las escuchas realizadas por la Justicia se oye a los investigados hablando de sumas de dinero en efectivo y en pesos para cambiarla por dólares y se dice que el transportista de todo era un hombre apodado “La Mole”.

La causa se inició por la desaparición de Eduardo Daniel Abastante el 27 de agosto de 2014 durante el gobierno de Cristina Kirchner y por tres días, en un escenario similar al que signó la ausencia repentina de otros agentes financieros, muchos de los cuales nunca reaparecieron.

En declaraciones a Clarín, Capitanich dijo que la información “es una difamación” y negó conocer a Osterc. Se manifestó sorprendido por la inclusión de su nombre en la resolución, y desmintió haber hecho operaciones cambiarias ilegales o enviado dinero a mesas de dinero. En Twitter, agregó que la información “parte de esta mugre mafiosa de justicia parcial, servicios de inteligencia y medios de comunicación que responden al gobierno” de Mauricio Macri.Para el actual intendente de Resistencia (Chaco), “se trata de una típica operación de prensa urdida por servicios de inteligencia y periodistas pagos”, la que calificó como una “falsedad”.

“Desmiento categóricamente esta difamación de la que soy objeto. Jamás he tenido ningún vínculo con este financista ni con mesa de dinero“, señaló Capitanich. En otros tuits, el ex funcionario de Cristina Kirchner señaló: “Exijo justicia! Y una reparación por el daño moral causado! Jamás en mis 52 años de vida sufrí tamaña persecución judicial y política”.

Por declaraciones de testigos hechas en el expediente, la información relacionaba a Capitanich con supuestas inversiones canalizadas a través del financista Eduardo Daniel Abastante, quien desapareció entre el 27 de agosto y el 1 de setiembre de 2014, denuncia que fue el origen del expediente judicial. El abogado de Abastante es Gustavo Romano Duffau, quien reclamó por la aparición de su cliente primero y luego lo defendió de acusaciones de las entidades financieras en su contra.

“Se estableció que Abastante laboraba en el sector de operaciones financieras y de bolsa del Banco Piano -Sucursal Belgrano- y que, parte de sus actividades habituales incluían el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo (pesos y dólares), hallándose entre sus clientes personas posiblemente vinculadas a la política, los que a su vez, manejarían dinero de supuesta procedencia ilegal“, sostiene una resolución de la jueza María Rita Acosta a la que accedió Clarín.

Abastante apareció tras 72 horas denunciando que había sido secuestrado y robado, pero cámaras de seguridad lo detectaron “el día previo a la desaparición, en el domicilio de Osterc (en el barrio cerrado El Encuentro, en la Localidad de Benavídez, Provincia de Buenos Aires), con el objeto de entregarle la suma de 350 mil dólares“.

Testigos indicaron que Osterc “tendría vínculos con funcionarios y allegados del Gobierno Nacional (se mencionó al por entonces Jefe de Gabinete Jorge Capitanich y al empresario Lázaro Báez), de parte de quienes recibiría dinero, que a su vez, le sería entregado a Abastante para ser operado en la Bolsa de Comercio“, agrega la resolución judicial.

“Ése dinero una vez invertido, retornaría a las personas del poder político, ya sea con una utilidad o bien inserto en operaciones que le daban legitimidad a un dinero cuya procedencia no resultaba clara“, explicaron la jueza Acosta y el fiscal Marcelo Solimine, quien había intervenido en otras desapariciones de financistas.

Las operaciones financieras, añade la documentación, “se efectuaban en un marco de absoluta informalidad y carecían de control y registro“, e involucraban “el movimiento de millonarias sumas de dinero en divisa extranjera -llevado a cabo en el marco de la restricción cambiaria vigente en ese entonces“.

La mecánica de las inversiones “consistirían en compra y venta de acciones y títulos valores en la Bolsa, colocación de dólares a interés, compra de dólar bolsa, descuento de cheques y compra de divisas a precios inferiores a los de mercado y evadiendo las restricciones cambiarias vigentes“, según surge del expediente.

Ante la desaparición de Abastante, unos 40 de “sus inversores efectuaron los reclamos ante el Banco Piano, siendo que en la mayoría de los casos si bien fueron desconocidos como clientes, o les fue informado que sus cuentas carecían de movimientos o saldo, efectuaron acuerdos extrajudiciales para reembolsarles el dinero“.

“Nos encontramos frente a una defraudación masiva pergeñada entre operadores del Banco Piano, Piano Bursátil S.A. y la Caja de Valores S.A., quienes atrajeron inversores minoristas, recibieron cuantiosas sumas de dinero informalmente, no registraron las transacciones, operaron con ese dinero que en momento alguno se registró o se bancarizó y de esta manera, lograron realizar todo tipo de operaciones de bolsa y de compra y venta de dólares en pleno cepo bancario a valores inferiores a los de mercado“, explicó la jueza Acosta. Fuentes de la Bolsa de Comercio consultadas por este diario comentaron que “la operación informada no es posible que haya pasado por los sistemas de nuestra institución”.

La jueza se declaró incompetente y envió la causa a la Justicia en lo Penal Económico porque “las maniobras investigadas podrían adquirir ribetes ligados al lavado de activos de dinero vinculado a la política, en referencia a delitos de corrupción en la función pública“. Antes, el juez federal Marcelo De Giorgi había rechazado quedarse con la causa que su colega decía era federal por la intervención eventual de funcionarios nacionales.

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