El Gobierno nacional extendió hasta finales de marzo los contratos de 40.000 empleados públicos bajo modalidad de contratación temporal. Esta será la prórroga final, y los trabajadores deberán aprobar un examen de idoneidad para continuar en sus puestos.
Esta medida busca determinar qué empleados pasarán a un régimen más estable, mientras la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncia despidos en varias dependencias.
Los contratos de 40.000 empleados públicos que no integran la planta permanente vencieron el 31 de diciembre. La gestión de Javier Milei renovó estas contrataciones de forma trimestral desde su asunción, buscando definir qué parte de los trabajadores mantiene su puesto.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que esta será la última prórroga. Los empleados deberán rendir la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, que incluye comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública.
Hasta el momento, 14.000 empleados presentaron el examen, con un 95% de aprobación, según Sturzenegger. Quienes aprueben y sean considerados necesarios para sus áreas podrán pasar a contratos anuales, mejorando su estabilidad laboral. Sin embargo, Rodolfo Aguiar, titular de ATE, criticó que la medida no garantiza completamente la estabilidad laboral.
ATE sostiene que no son 40.000, sino más de 55.000 los empleados afectados, incluyendo monotributistas y personal de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Además, el Gobierno desvinculará a los trabajadores contratados a través de Acara. La asociación también denunció despidos en el Ministerio de Justicia, el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y Parques Nacionales. Uno de los casos más polémicos ocurrió en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, donde 87 empleados fueron notificados por WhatsApp que no debían presentarse a trabajar desde el 1 de enero.
El Gobierno nacional extendió contratos temporales de 40.000 empleados públicos hasta marzo. Estos trabajadores deberán rendir un examen de idoneidad para continuar en sus puestos. ATE denuncia despidos en varias dependencias.
La prórroga y los exámenes buscan mejorar la calidad del empleo público, pero han generado tensiones con gremios que critican la falta de estabilidad. El Gobierno asegura que la medida es parte de un proceso de transformación y mejora del sector público, aunque los despidos y la incertidumbre laboral preocupan a los trabajadores.
La Nación
