El PAMI desafectó a más de 1.500 prestadores en todo el país tras detectar cobros indebidos y servicios inexistentes, y presentó dos denuncias penales por corrupción en Tucumán y Chaco. Estas acciones buscan garantizar atención de calidad a los afiliados y optimizar el uso de los recursos del organismo.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido como PAMI, dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país. Esta decisión, informada por su director ejecutivo Esteban Leguízamo y el Ministerio de Salud de la Nación, se tomó tras detectar graves irregularidades y derivó en dos nuevas denuncias penales por presuntos casos de corrupción en Tucumán y Chaco.
Las auditorías permanentes realizadas por el organismo identificaron tres tipos de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones que no existían y establecimientos con condiciones edilicias que no cumplían los protocolos de higiene y seguridad exigidos. Desde el PAMI señalaron: “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”.
Irregularidades en Tucumán
El proceso de fiscalización reveló un caso significativo en Sanarte S.R.L., un policonsultorio de San Miguel de Tucumán que ofrecía múltiples especialidades y prácticas ambulatorias. La auditoría integral encontró una serie de faltas, desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente sobre derechos del paciente.
Entre las observaciones más serias, se destacó la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, sin matrículas ni inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados. La auditoría también registró demoras de hasta 21 días para conseguir un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.
Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”. Los auditores consideraron que esta práctica era incompatible con una atención médica adecuada. Además, se sumó una cantidad considerable de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo indicó que estas conductas representan un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.
Rescisión de contrato en Chaco
El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP y involucró al médico J.C., un prestador de la UGL XIII – Chaco del PAMI. Las actuaciones comenzaron a partir de auditorías y controles de las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.
El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según el expediente, los descargos presentados fueron insuficientes para el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante esta situación, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.
La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a promover una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.
Ambos casos se enmarcan en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos, articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.
En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas. Otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que habría requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
Frente a este escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados. Desde el Instituto aclararon que “auditar no significa perseguir” y garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.
