Stolbizer denuncia los conflictos de interés que traban la gestión

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A diestra y siniestra. En un informe sobre el empleo público en la Argentina, la diputada Margarita Stolbizer denuncia que durante el kirchnerismo hubo un “reclutamiento masivo de militantes, familiares y amigos”, y que“hubo prácticas de acoso laboral, reducción de salarios, recortes de horas extras, charlas de adoctrinamiento político y una constante persecución ideológica, desplazamientos de personal en cargos jerárquicos”. La líder del GEN advierte que el gobierno de Macri no movió a los secretarios, subsecretarios y directores nacionales nombrados por Cristina, y que ese motivo, sumado a los múltiples conflictos de interés de los funcionarios de Cambiemos, perjudican la gestión pública.

El informe señala que “resulta llamativo que los cargos más altos de la administración pública nacional continúan a cargo de funcionarios que provienen de la administración kirchnerista”, y menciona -con nombre, apellido y cargo- ocho casos en el Ministerio de Agroindustria; catorce en el ministerio de Ciencia, dos en el ministerio de Cultura, cuatro en el de Defensa, tres en el de Transporte, cuatro en el ministerio de Justicia, siete en el de Turismo, dos en el ministerio del Interior y Obras Públicas, tres en la Jefatura de Gabinete, tres en Presidencia cuatro en Producción y tres en el ministerio de Trabajo.

Un repaso por esa lista muestra que los designados y contratados por Cristina se repiten en áreas clave para el funcionamiento del Estado: administración, sistemas, asuntos jurídicos y recursos humanos.

Respecto a “la incorporación de funcionarios con claros conflictos de intereses” por parte del macrismo, Stolbizer enumera 25 casos concretos, con predominancia en las carteras de Agroindustria, Producción y Energía. La diputada propone varias medidas para organizar el empleo público: un régimen que reglamente la situación del personal estatal en las transiciones presidenciales, un sistema de ingresos que priorice el mérito, la “jerarquización y profesionalización” del empleo público, la revisión de los contratos que se hayan realizado a través de mecanismos extraordinarios, la reducción de las categorías existentes a fin de unificarlas y la sanción de una ley sobre violencia y acoso en el ámbito de la administración publica.

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