El juez del caso Petrobras alerta sobre una amnistía que sepultaría el proceso

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El juez brasileño Sergio Moro, que conduce los fiscales que investigan el Lava Jato, reveló sus temores de final “abrupto” en ese proceso que lleva ya tres años. “Creo que realmente hay un riesgo de retroceso. Que se repitan hechos como aquel proyecto de auto amnistía que casi votó el Congreso”. Indicó, también, que no le “preocupa tanto” la llamada “caja 2”, por donde los políticos recibían financiamiento no declarado de parte de las empresas brasileñas para sus campañas. Para el magistrado, lo que está en juego “es una tentativa de amnistía general”. Y advierte:“Hay muchas investigaciones en marcha y quiero ver cuál será el destino de ellas”.

En verdad, el juez de Curitiba que conduce las investigaciones sobre el gigantesco esquema de corrupción en la petrolera estatal Petrobras –y que fue entrevistado en exclusiva por el diario Valor Económico– nada tiene que ver a esta altura con el proceso contra los políticos, cuando se trata de parlamentarios y ministros en funciones. Estos casos, que se cuentan por centenas, están en manos de la Procuración General de la República (PGR) y de la Corte Suprema, por el hecho de que esos cargos los protegen con la inmunidad. Y sólo la el Supremo Tribunal Federal podrá tomar decisiones finales.

De hecho, el STF tomó una medida que puso los pelos de punta al universo político de Brasilia: precisó que las “contribuciones” a las campañas electorales, aun cuando estén legalmente declaradas ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), pueden ser objeto de sospecha y de investigación si el dinero procede de fuentes empresariales que, como el holding Odebrecht, están acusados de corrupción.

Precisamente, el jueves hubo un caso que sentó jurisprudencia sobre un tema “tan delicado” para las vidas y obras de los congresistas. Se trata del senador del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), en el gobierno, Valdir Raupp, quien fue además titular de la agrupación. La Corte decidió procesarlo por corrupción pasiva y lavado de dinero. Consideró en votación unánime que la donación recibida por el parlamentario en 2010, de 250.000 dólares, de manos de la constructora Queiroz Galvao puede ser “coima disfrazada”, con origen en el esquema delictivo que permeó Petrobras.

Después de semejante resolución de la más alta magistratura brasileña, un temblor recorrió la Cámara de Diputados y la Cámara Alta. Los legisladores decían, en conversaciones entre ellos, que si prospera esa tesis pasarán lo que resta del año en votaciones de medidas que impidan a la justicia llevarlos presos.

La amenaza se hizo sentir con fuerza. Según el diario Folha de Sao Paulo, el titular de Diputados Rodrigo Maia se reunió de inmediato con su par del Senado, Eunício de Oliveira. Ambos convocaron a los líderes partidarios del Congreso para discutir cómo harán para aprobar no sólo una amnistía general para la “caja 2” –aquella cuyos fondos no están legalmente declarados- sino también para la llamada “caja 1”, que por el hecho de ser declarados sus recursos es legal. No hay, de hecho, legisladores que no hayan contado con los aportes de empresas que estuvieron involucradas en el soborno a los políticos.

El año pasado, el Parlamento intentó dos veces aprobar la auto amnistía. Pero tuvo que desistir del plan para evitar ser catalogados de “delincuentes” por la sociedad. Ahora irán como sea en dirección a ese proyecto. Indicaron que es preciso “establecer una línea divisoria entre caja 2, la caja 1 y las coimas”.

Por el vendaval que desató la resolución del STF, todo lleva a pensar que la Corte le dio servida la excusa. “Creo que echaron pimienta al tablero”, consignó Vicente Cándido, diputado del Partido de los Trabajadores. “¿Como queda la política a partir de este momento?”, se interrogó. Para describir luego que “la financiación de las campañas se hacía siempre del mismo modo: nadie, entre las empresas, daba dinero por coincidencias ideológicas”.

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