La invitación fue a través de una nota enviada al máximo tribunal por el organismo conducido por la ex diputada macrista Laura Alonso. Similares notas fueron remitidas al Consejo de la Magistratura, que maneja las declaraciones juradas de bienes de todos los jueces menos los ministros de la Corte, como así también a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que resguarda las de todos los fiscales nacionales y federales.

“La publicación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales en forma proactiva y su posibilidad de acceso libre a través de Internet constituye un mecanismo más efectivo para garantizar el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública”, dice la nota firmada por Alonso.

El texto añade que la “propuesta” de la OA “es concordante con la política de apertura de datos dispuesta por el decreto 117 del año 2016” y destaca que “la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción promueven la transparencia, el acceso a la información pública y la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción”.

La “invitación” de la OA, un organismo que depende del Ministerio de Justicia, fue relativizada en sus efectos prácticos por fuentes de la Corte, ya que el máximo tribunal tiene su propio sistema de consulta de las declaraciones juradas de sus miembros a través de una acordada que regula la cuestión.

Las mismas fuentes recordaron que tanto el máximo tribunal como el Consejo de la Magistratura para el resto de los jueces, como la Procuración para los fiscales, tiene un sistema de resguardo de datos sensibles que puedan afectar por su función la privacidad de los magistrados.

Si bien en la Corte destacaron que las tres instituciones comparten ese criterio, fuentes del Consejo de la Magistratura dijeron a Clarín que próximamente podrían subir ellos a Internet los fragmentos que tienen que ver con las partes públicas de las declaraciones juradas de los jueces.

La movida del Gobierno se produjo tres días después que la líder de la Coalición Cívica, una de las patas de la gobernante coalición de Cambiemos, la diputada Elisa Carrió, pidiera por nota el viernes pasado en la Corte las declaraciones juradas de los últimos diez años de los cinco ministros del tribunal.

En la Corte destacaron que Carrió también pidió la declaración de inconstitucionalidad de la acordada suscripta por la Corte en torno a la accesibilidad de las declaraciones juradas de sus miembros, pero sostuvieron que ello sólo sería viable a través de un amparo o un juicio vía el fuero Contencioso Administrativo.

Carrió ya había tenido un duro cruce con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por este tema, lo que motivó una dura respuesta del magistrado a la legisladora a través de un comunicado en el que no la mencionó por su nombre.

Lorenzetti, quien hoy acudirá a un acto gubernamental en Tecnópolis antes del acuerdo de ministros del tribunal en el que podrían tratar el tema de las tarifas de energía eléctrica, compartió anoche el estrado del Aula Magna de la Facultad de Derecho con el ministro de Justicia, Germán Garavano. Allí, el presidente de la Corte dijo que ésta es una “etapa extraordinariamente buena para que podamos mejorar”, en referencia al nuevo Gobierno de Mauricio Macri.