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La oposición venezolana, decidida a aumentar la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, realizó ayer una nueva jornada de protestas para rechazar lo que considera una “fraudulenta” Asamblea Nacional Constituyente “comunal”, convocada por el mandatario.
El gobierno respondió de la misma manera en que lo vienen haciendo desde un principio, con otra brutal represión donde la Guardia Nacional Bolivariana utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para disolver las columnas.
Convocados por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), los manifestantes salieron de cuatro puntos del este de Caracas con la intención de llegar al distribuidor El Trébol, ubicado en la autopista Caracas-La Guaira. Pero fueron bloqueados mucho antes. La protesta se replicó en varias ciudades del país.
“Venezuela está unidad en las calles resistiendo, por eso nos movilizaremos entre todos por la democracia”, dijo Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento.
En la noche del viernes, tras rechazar las críticas de los opositores, Maduro había ratificado que las elecciones presidenciales se realizarán en diciembre del 2018 tal y como lo establece la Constitución. La oposición denunció que la convocatoria a la Constituyente es una maniobra por la cual el mandatario busca evadir los comicios o por lo menos condicionar a sus participantes.
“En el 2018, llueva, truene o relampaguee, en Venezuela hay elecciones presidenciales”, aseguró Maduro. En diciembre último debieron realizarse las elecciones de gobernadores, pero el poder electoral las suspendió y aún no tienen fecha. Este año corresponden los comicios de alcaldes y a finales de 2018 las presidenciales.
Según la oposición, con la convocatoria a la Constituyente el presidente busca evitar medirse en comicios electorales en un momento en que siete de cada diez venezolanos rechazan su gestión.
Desde el 1 de abril pasado, tras un intento de anular las funciones del Parlamento, la población lanzó una ola de manifestaciones para reclamar elecciones inmediatas y la liberación de los presos políticos, con un saldo de más de 40 muertos, centenares de heridos y miles de detenidos.
El clima se enrarece cada días más, ya que tanto el gobierno como la oposición endurecieron sus posturas. Ayer, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, echó más leña al fuero al asegurar que los detenidos en las protestas serán sometidos a la Justicia militar. “Aquellas personas que cometan actos vandálicos, actos terroristas, así como también asaltos a establecimientos comerciales, ataques a nuestros centinelas o daños a los bienes de la FANB, así como también instigación a la rebelión van a ser sometidos pues a la Justicia Penal Militar”, dijo Reverol.
El ministro, quien sostuvo un encuentro con los cuerpos de seguridad del estado de Mérida (oeste), funcionarios de la Policía Científica (Cicpc) y el gobernador de esa entidad, Alexis Ramírez, dijo que se encontraban “evaluando” a aquellas personas que, durante las protestas que se desarrollan desde hace más de un mes, cometieron delitos dentro de la jurisdicción militar.
La ONG Foro Penal Venezolano (FPV) denunció que 73 civiles fueron privados de libertad en el país por decisión de tribunales militares, de los 137 que fueron presentados ante estas instancias en el marco de las protestas antigubernamentales que se desarrollan en Venezuela.
La Fiscalía venezolana informó un día después que había solicitado a un tribunal que 14 personas detenidas hace una semana por presuntamente ocasionar daños a la sede de una alcaldía fueran juzgadas por jurisdicción ordinaria y no militar. Alegó que los hechos que se le atribuyen “no constituyen delitos previstos” en la norma militar y que “además los procesados no son funcionarios militares, por lo que mal podrían ser juzgados por esa jurisdicción”.
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