Nueva traba de Madrid a un referéndum constitucional en Cataluña

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Los presupuestos de Cataluña elaborados por el gobierno secesionista han quedado bloqueados por el Tribunal Constitucional ante un recurso urgente del ejecutivo de Mariano Rajoy. El proyecto que la Generalitat debía presentar ante el parlamento regional contempla partidas para financiar un referéndum que el Alto Tribunal ya ha declarado inconstitucional.

En su demanda al Tribunal el ejecutivo de Rajoy pide que los magistrados adviertan al gobierno catalán que hacer el referéndum abre la via penal.

Además, el Constitucional advierte severamente a los integrantes del gobierno y autoridades del parlamento catalán que si insisten en seguir adelante con estos presupuestos incurrirán en responsabilidad penal además de sanciones económicas, inhabilitación para ocupar cargos públicos y otras. La suspensión debe ser acatada escrupulosamente.

Esta decisión marca la etapa más dramática y decisiva en torno al proyecto del gobierno de Carles Puigdemont, apoyado por los partidos Esquerra Republicana, mayoritario, Democratico (ex Convergencia, pujolistas) y los antisistema de Unidad Popular (CUP). Estas fuerzas unidas en Juntos para el Sí, más la CUP, tienen la mayoría absoluta del parlamento.

En las últimas elecciones, después de la consulta fallida y unilateral del 9 de noviembre de 2014, los independentistas lograron el 47,8% de los votos y los contrarios a la secesión un 52,8%.

Pero, en el parlamento, los secesionistas unidos lograron la mayoría absoluta y decidieron lanzar una ofensiva apoyada en esta hegemonía a favor de un referéndum para consagrar una República Catalana. Además, comenzó a ponerse en práctica un plan para organizar las instituciones republicanas.

Para todas estas complejas tareas hacen falta gastos especiales que deben reflejar, por ejemplos, los gastos para el referéndum como la compra de materiales, urnas, organización de los lugares de votación, etc.

Estas partidas reflejadas en los presupuestos han quedado suspendidas por el Constitucional porque su propósito es organizar un plesbicito ilegal, contrario a las previsiones de la Carta Magna.

La secretaria de la Mesa del Parlament, Anna Simó, Esquerra Republicana, señaló que “tiene una idea de cómo acabará el proceso judicial de los miembros de la Mesa”. Inhabilitación, especulan algunos analistas, pero estos vez existe una concreta alusión a que la desobediencia puede acarrear un reproche penal. “Pero tengo claro que el Govern catalá celebrará el referéndum”, dice Simó.

El proclamado objetivo del “referéndum si o si” va a ser enfrentado con un enérgico proceso de control por parte del gobierno central de Madrid amparado en la estricta legalidad constitucional que excluye severamente cualquier intento de romper la unidad territorial de España.

Si esta escalada, que tendría que culminar en setiembre próximo cuando los independentistas esperan concretar el referéndum, continúa con semejante intensidad se pone a la orden el día la aplicación por el gobierno del artículo 155 de la Constitución que prevé la suspensión de la autonomía de cualquiera de las 17 comunidades autónomas. Una alternativa que el gobierno va a intentar eludir.

Mientras tanto, el ejecutivo español aumenta todas las medidas a su alcance, y eso incluye las alternativas de investigación reservada, para bloquear la celebración de la consulta secesionista. Cualquier acto administrativo del ejecutivo catalán a favor del plesbicito o de las instituciones de la propuesta Republica Catalana será “segado de raíz”, advierten en Madrid.

La Fiscalía en Barcelona encargó a la Guardia Civil “que investigue los pasos administrativos para la consulta” después que un informe especial del Instituto informaban sobre una serie de actuaciones para preparar el terreno a la secesión.

Según La Vanguardia de Barcelona, los investigadores indagaran a viene empresas de telecomunicaciones y ciberseguridad, información sobre los contrarios de la Generalidad para la creación de los servicios de inteligencia y la agencia tributaria de la República Catalana.

“La investigación, según el prestigioso rotativo catalán, desembocará a medio plazo en una querella por los posibles delitos de sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos” contra altos cargos de la Generalitat.

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