Seis estados lanzan una ofensiva contra el nuevo decreto migratorio de Trump

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Un nuevo golpe recibió el segundo decreto migratorio del presidente estadounidense, Donald Trump y el propio poder político del mandatario. Hace cinco semanas la justicia bloqueó su primera orden ejecutiva para vetar el ingreso de ciudadanos de siete países musulmanes. Ahora, apenas días después de intentar con otro decreto más limitado, seis Estados norteamericanos se unieron para una ofensiva que logre el mismo resultado en la justicia. La operación la inició el miércoles el multicultural estado de Hawai y hoy se sumaron Washington, Minnesota, Oregon, Nueva York y Massachusetts.

“No es una nueva demanda judicial, sino que pediremos que la actual prohibición sobre el primer decreto migratorio siga en vigencia sobre esta nueva orden ejecutiva”, afirmó el fiscal general de Washington (ministro de Justicia), Bob Ferguson, en rueda de prensa. En la petición presentada por Ferguson, los estados de California, Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Nuevo México, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Virginie manifestaron su apoyo por escrito.

La fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, escribió en Twitter: “vamos a consolidar nuestros esfuerzos y nos vamos a unir al resto de los estados para desafiar la ilegalidad de Trump”.

“Afirmamos que el Presidente no puede unilateralmente declararse ajeno a la actual orden de restricción y a la prohibición de la Corte”, dijo su colega el ministro Ferguson y aseguró que “es la Corte, y no el presidente, quien decide si la nueva medida es suficientemente diferente para corregir los defectos que provocaron el primer freno”.

La orden original firmada el 27 de enero por Trump prohibía el ingreso al país de siete países, en su mayoría de fe musulmana: Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. Y extendía la orden contra residentes con documentos, o con doble nacionalidad. Se generó un extraordinario caos en los aeropuertos. Gente que había salido de vacaciones no podía volver a encontrarse con sus familias, entre ellos muchos científicos y personajes de la cultura.

La nueva orden anunciada el 6 de marzo, retiró a Irak de la lista y a los residentes o con doble nacionalidad. Pero desde el partido Demócrata dijeron que era lo mismo. No había claridad, además, como antes, sobre la razón de la elección de esos países y no de otros. El ministro Ferguson de Washington sostuvo que esos cambios “no significan que se hayan resuelto los problemas constitucionales”. Para el funcionario, hay dos puntos clave que lo llevan a pedir que se mantenga este bloqueo al decreto de Trump. El primero es que “entre la primera y segunda medida no hay cambios en cuanto a la prohibición relacionada con los refugiados”. Y el segundo es que haber sacado a Irak de la lista “tampoco marca la diferencia”. La orden ejecutiva justamente mantiene cerradas las fronteras por 120 días para recibir refugiados, pero aclara que, en adelante, la cuota será de 50 mil por año, la mitad que con el gobierno de Obama.

“No nos vamos a dejar intimidar por amenazas del Gobierno federal”, afirmó Ferguson. “Hemos sido exitosos hasta ahora y, al final, vamos a triunfar”, aseveró.

El segundo texto de Trump, que entraría en vigor el próximo 16 de marzo, fue corregido con respecto a la primera versión, luego de que decenas de miles de personas se movilizaran para pedirle al gobierno que diera marcha atrás.

En este contexto de caos, confusión y polémica, el juez federal de Seattle (en el estado de Washington), James Robart, bloqueó temporalmente el 3 de febrero la implementación de la primera versión del decreto en todo el territorio estadounidense, alegando que provocaría “un perjuicio irreparable”.

Fue una significativa derrota política para Trump. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de San Francisco la agigantó al decidir mantener esta suspensión pese a la demandas de la Casa Blanca, al considerar que el gobierno no había demostrado la inminencia de graves riesgos para la seguridad de EE.UU.

En lugar de seguir el camino judicial que lo llevaría a la Corte Suprema, Trump decidió hacer este nuevo intento. No transcurrieron 48 horas desde la difusión de su medida que Hawai se constituyó en el primer Estado en recurrirla ante la justicia. Su fiscal general, el ministro Doug Chin, anunció el miércoles que había presentado una demanda de suspensión provisional. “Nada ha cambiado en el fondo: la prohibición generalizada de ingresar a EE.UU. desde países de mayoría musulmana (menos uno) persiste”, declaró.

Por las órdenes ejecutivas de Trump, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó de oficio a lo Estados Unidos para analizar sus decretos porque cree que podrían llegar a violar los estándares de la legislación regional. “La comisión está muy atenta a la medida en que estas decisiones pueden aumentar el grado de discriminación a la comunidad de migrantes y, especialmente, a los grupos latinos y musulmanes”, señaló Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH. Ahora, la administración de Trump se sentará en una sala de audiencias para responder por las órdenes presidenciales, redactadas con un lenguaje jurídico tan general que permite, según la Corte, distintas interpretaciones. EE.UU. no tiene obligación de comparecer, pero según Abrão no hay duda de que lo hará.

Fuentes: AFP, ANSA y Clarín.

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