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La proclamada intención del gigante de la construcción brasileño Odebrecht de abrir su caja de Pandora para ventilar los nombres de los funcionarios -¿y empresarios?- argentinos que recibieron los 35 millones de dólares de coimas que la firma pagó en el país no se concretará con la velocidad que los argentinos desean ni con la desesperación con que la empresa espera coagular el drenaje de datos que ya comenzaron a poblar los expedientes que investigan a Odebrecht en la justicia argentina.
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Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, el acuerdo que propone la firma es inaplicable bajo las condiciones jurídicas actuales. Aunque no se conocen los detalles finos de esa propuesta, Odebrecht habría ofrecido datos y pruebas sobre los receptores de sus sobornos, a cambio de que sus ejecutivos no sean molestados por la justicia local, que las obras que está realizando en el país no sean suspendidas -como ya reclamó la diputada Margarita Stolbizer en una carta al ministro Rogelio Frigerio- y, de ser posible, que tampoco se le impongan multas económicas. Una idea atrevida.
Según pudo saber este diario, ya hubo contactos entre los tres jueces que hoy tramitan causas contra Odebrecht -Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi y Ariel Lijo- para analizar qué posición tomar. Y todos habrían coincidido en que el trato es inaceptable: además de que en términos jurídicos sería “mucho precio para poco premio”, a todos les parece inaplicable el perdón reclamado por los empresarios. “De ninguna manera voy a firmar algo así. Al día siguiente me harían un juicio político por dejar impunes un montón de delitos”, dijo a Clarín uno de los magistrados.
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Por lo pronto, Martínez de Giorgi se sacó el peso de encima remitiendo ayer la propuesta para su análisis al fiscal Franco Picardi. Según la ley del arrepentido, son los fiscales los funcionarios habilitados para negociar acuerdos de colaboración.
Pero tampoco sería tan fácil. Pese a que el Presidente en persona reclamó al Congreso que vote una ley de responsabilidad empresaria, esta norma aún no existe, y por eso Odebrecht no puede presentarse como “arrepentida”, tal como hizo en Brasil. Entonces, cada directivo de la firma que fuera vinculado al pago de coimas, sería responsable personalmente de ese delito. No es la idea de la empresa. Mientras la procuradora Gils Carbó, el Gobierno y el Congreso encuentran la llave al asunto, los datos ya fluyen. Y el tiempo corre.
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