El expresidente boliviano no se presentó a la audiencia realizada en Tarija. La fiscalía sostiene que existen más de 170 pruebas en la causa.
La Justicia de Bolivia declaró este lunes en rebeldía al expresidente Evo Morales luego de que no se presentara a la audiencia de apertura del juicio oral en su contra por el presunto delito de trata agravada de personas. La decisión fue adoptada por el Tribunal Primero de Sentencia de Tarija, que además ordenó su captura.
El proceso judicial investiga la presunta relación del exmandatario con una adolescente durante su etapa al frente del Gobierno boliviano. Según la acusación fiscal, de ese vínculo habría nacido una hija, en un caso que generó fuerte repercusión política y judicial en el país.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, sostuvo que se cumplieron todos los procedimientos legales correspondientes para iniciar el juicio oral. Ante la ausencia de Morales y de sus abogados defensores, el juez Carlos Oblitas resolvió avanzar con la declaración de rebeldía.
Tras la resolución, la Justicia dispuso una orden de captura, arraigo migratorio y otras restricciones judiciales contra el líder del Movimiento al Socialismo. Actualmente, Morales permanece en la región del Chapare, uno de sus principales bastiones políticos y sindicales.
Desde el Ministerio Público, el fiscal departamental José Mogro aseguró que la investigación cuenta con pruebas suficientes para sostener la acusación. Según indicó, la fiscalía reunió más de 170 elementos probatorios vinculados al expediente por trata agravada de personas.
La defensa del expresidente rechazó la decisión judicial y denunció irregularidades en el proceso. El abogado Wilfredo Chávez afirmó que Morales no fue notificado correctamente y calificó la causa como una “persecución política” impulsada para desviar la atención de la situación económica y social del país.
En la misma línea, el abogado Nelson Cox sostuvo que el tribunal no respetó estándares internacionales y remarcó que el proceso comenzó en 2024 durante la gestión de Luis Arce. La defensa insistió en que la acusación responde a intereses políticos y no a fundamentos judiciales sólidos.
El avance de la causa profundiza la tensión política en Bolivia, donde Morales mantiene influencia dentro del oficialismo y continúa siendo una figura central del escenario político nacional. Mientras tanto, la orden de captura abre un nuevo capítulo en el conflicto entre el exmandatario y el sistema judicial boliviano.
