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El ex presidente de la constructora OAS, Leo Pinheiro, que participó del “club de constructoras” manejadas por Odebrecht, declaró en delación premiada ante el juez Sergio Moro que Lula da Silva era el dueño del departamento triplex de la playa de Guarujá, en San Pablo. Pero esa no es una primicia, ya que desde hace tres años se habla de esa historia. Lo novedoso es que según el ejecutivo, preso en Curitiba y que busca salir de la prisión, el ex jefe de Estado le pidió “destruir las pruebas” que indicarían que esa unidad le pertenecía a su familia.
Hay varias derivaciones a partir de los episodios relatados por el delator. Pero la más importante en este momento proviene de esta presunta conversación entre Lula y Pinheiro, que según el ex empresario habría ocurrido en 2014, poco después de que estallara el Lava Jato.
Si el magistrado de Curitiba, que maneja la causa de corrupción en Petrobras, le da categoría de “verdad” al diálogo descripto por Pinheiro, entonces podrá decidir la prisión del ex gobernante por presunta “obstrucción” de las investigaciones que comanda, sobre supuestas coimas recibidas por el líder del Partido de los Trabajadores.
Hay una fecha clave para semejante medida: el miércoles 3 de mayo. Ese día, Lula y Moro literalmente “se enfrentarán” en las oficinas del juez del estado de Paraná. Varios columnistas de los principales medios, como Josias de Souza del diario Folha de Sao Paulo, no aconsejan una medida tan radical. “Si quisiese, Moro podrá invocar el artículo 312 del Código Penal y sentenciar la prisión de Lula por tiempo indeterminado”, comentó el periodista, con sólidos contactos en el mundo político de Brasilia. “Pero si tuviera el cerebro en su lugar, Moro se dará cuenta de que hay un límite después del cual el rigor deja de ser una virtud”, agregó. Concluyó que “es innecesaria y arriesgada la detención de Lula”, porque para proceder de ese modo el juez precisa “reunir las evidencias y producir una sentencia sólida”.
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El ex ejecutivo del conglomerado OAS –hoy en concurso de acreedores- sostuvo ante el magistrado de Curitiba que Lula era el “dueño oculto” del departamento de tres pisos en la playa de Guarujá. Dijo, también, que el arreglo para entregar esa unidad al líder del PT no fue realizado por Lula personalmente sino por el ex tesorero del Partido de los Trabajadores Joao Vaccari Neto y por Paulo Okamotto, director del Instituto Lula.
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Según Pinheiro, el ex sindicalista Vaccari le dijo: “Mira, aquí hay algo diferente. Existe un emprendimiento que pertenece a la familia del presidente Lula. Y dada la relación de su empresa con él, lo estamos convidando a participar de ésto” (es decir, de la adquisición de esa vivienda). En ese contexto, según el ex ejecutivo, la OAS compró el piso y pasó a reformarlo “al gusto de la familia presidencial”.
Con todo, el relato tiene puntos obscuros. Pinheiro está preso desde hace más de un año y hasta ahora no había logrado acogerse al sistema de delación premiada. La razón por la que el juez Moro no quería escucharlo era sencilla: el empresario se negó hasta estos días a incriminar al ex jefe de Estado. Lo ayudó a dar el paso hacia la delación el ejemplo que vio en el caso de Odebrecht. Hay también una duda clave. Si Pinheiro destruyó las pruebas, a solicitud de Lula –en un diálogo a solas del que no existen testimonios de terceros- se volvería imposible probar la pertenencia de ese célebre “triplex” al ex presidente y su familia.
De hecho, el miércoles previo al testimonio del delator, el abogado del ex mandatario Cristiano Zanin Martins mostró, en conferencia de prensa, todos los documentos por los cuales quedaba probado que el departamento en cuestión era y es propiedad de OAS. Es que precisamente en las expensas el dueño de la unidad es la constructora.
Más todavía, en el concurso de acreedores de la compañía que se sustancia en un juzgado de San Pablo desde septiembre de 2015, este departamento fue puesto como activo físico de la empresa.
El abogado Zanin afirmó en esa reunión con los periodistas que “estos documentos refuerzan que la acusación no pasa de una pieza de ficción”. Según las investigaciones policiales, Lula y su mujer Leticia (fallecida en febrero pasado) pagaron una cuota para la compra de ese departamento. Pero luego desistieron de su adquisición.
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