[ad_1]
Autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron hoy que el nuevo decreto migratorio argentino es una “regresión” y que están “preocupados” por las declaraciones de autoridades argentinas que estigmatizan a los migrantes.
En una conferencia de prensa en la sede de ese organismo autónomo de la OEA, encargado de velar por los derechos humanos de la región, la comisionada Margarette Macaulay señaló que “la adopción del decreto de necesidad y urgencia incorpora disposiciones regresivas de los derechos de los migrantes”. Y agregó que “la verdadera preocupación de la Comisión es que la Argentina fue un gran ejemplo sobre cómo tratar a los migrantes. Y ahora nos preocupa que haya retrocedido”.
Las declaraciones de la funcionaria suceden en el cierre de la serie de audiencias de la CIDH en Washington sobre diversos temas en la región, a la que Argentina fue convocada de oficio para que explicara el impacto del nuevo decreto migratorio que el presidente Mauricio Macri firmó a fines de enero, que agiliza las deportaciones de indocumentados en casos de que hayan cometido algún delito.
Durante esa audiencia, celebrada el lunes, una delegación del gobierno encabezada por el secretario de Derechos Humanos Caudio Avruj y el director de migraciones Horacio García defendieron el decreto ante un grupo de organizaciones de migrantes que denunciaban persecución y racismo en el espíritu de la nueva medida. Los funcionarios dijeron que los extranjeros en cárceles federales se incrementaron en los últimos años hasta el 21% de la población carcelaria total en 2016. La sociedad civil niega que ese sea el porcentaje total.
La comisionada de la CIDH resaltó también hoy que “nos preocupan las declaraciones de altas autoridades que relacionan la migración con la criminalidad”.
Respecto de la situación de la dirigente jujeña Milagro Sala –de la que se habló en el marco de otra sesión el lunes— el comisionado Francisco Eguiguren señaló que “pronto tendremos un pronunciamiento”. Se refería a las medidas cautelares solicitadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante el organismo, que piden su inmediata liberación. FIN
[ad_2]
Fuente
