Sospechas de corrupción: por primera vez, una denuncia preocupa a Gils Carbó

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De todas las denuncias judiciales que tiene la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la causa por la compra irregular del actual edificio de la Procuración es la que más ha golpeado políticamente a la jefa de los fiscales. Hasta ahora tiene 24 causas penales abiertas, pero en ninguna ha sido llamada a declaración indagatoria gracias, entre otros factores, a fiscales de “Justicia Legítima” que le responden y traban las investigaciones. Recién esta semana, la jefa de los fiscales tuvo que curarse en salud e iniciar un sumario interno contra el director de administración de su organismo, Guillermo Procuración, con retraso. La licitación irregular para comprar el edificio de Perón 667 había sido varios años atrás.

Es decir, Gils Carbó sintió la presión judicial y política de esta causa que tiene el juez federal Julián Ercolini y un subordinado de ella, el fiscal Eduardo Taiano. En Tribunales se preguntan si su decisión del 2012 de anular la preadjudicación para la compra de otro edificio y permitir el pago de un millón de dólares en comisión fue complicidad o negligencia.

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La primera hipótesis se relaciona con la denuncia anónima que habla de una supuesta participación de su ex marido, Héctor Alonso, en la cadena de cobro de las comisiones. Hacia esta hipótesis se dirigieron los cuatro allanamientos de ayer y la decisión del juez de pedir al titular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, que haga una trazabilidad del destino de ese millón de dólares que se pagó como comisión.

Allanamiento el la Procuradoría de Gils Carbó. (Guillermo Rodriguez Adami)

La defensa de la fundadora de “Justicia Legítima” es decir que el llamado a licitación prohibía el pago de comisiones desde el Estado y que ese dinero provino “de los privados”. En realidad, eran fondos públicos que luego de pasar por las manos de los vendedores, la familia Bemberg, se convirtieron “en privados”. Una coartada difícil de sostener. El ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, por ejemplo, fue procesado por la jueza María Servini de Cubría por entregar millones de fondos públicos, a través del plan Fútbol Paras Todos, a la AFA, que a su vez, hizo pagos privados a los clubes. Es decir, Servini rechazó el mismo argumento que ahora enarbola Gils Carbó.

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Hay otra de las 24 denuncias contra Gils Carbó que son graves. El fiscal José María Campagnoli –el mismo que ella quiso destituir en el 2013 por ser el primer en investigar a Lázaro Báez– la denunció por filtrar expedientes judiciales de la causa por el secuestro del dirigente ferroviario K Servero Caballero a la SIDE.

Campagnoli se basó en que el ex director general de operaciones de la secretaría de inteligencia Antonio “Jaime” Stiuso contó bajo juramento cómo su jefe directo en organismo entre 2003 y 2014, Paco Larcher, le pasaba datos que el fiscal le había dado a Gils Carbó del confuso secuestro de Caballero en el 2012. Si el juez Rodolfo Canicoba Corral acepta las medidas de prueba del fiscal Ramiro Gonzalez todo indica que la causa terminará con un careo entre Stiuso y Larcher.

Gils Carbó con el legislador Gustavo Vera, en octubre pasado.

Pero más allá de las causas penales, la suerte inmediata de Gils Carbó se dirimirá en la cámara de Diputados, donde Cambiemos hasta ahora no consiguió la mayoría necesaria para iniciarle un juicio político. No tiene mayoría simple en la comisión de Juicio Político de Diputados y tampoco tiene los dos tercios del pleno de la cámara baja para iniciar el juicio político.

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Sucede que los legisladores K defenderán a Gils Carbó con capa y espada porque es la mejor garantía de protección para los juicios contra Cristina Kirchner. Por eso, algunos legisladores de Cambiemos están pensando en un rodeo. Impulsar la modificación de la ley de Ministerio Público y permitir que la destitución de los procuradores generales sea por mayoría simple. En definitiva, sin presión judicial y política, la procuradora hace un año y medio que demostró que no se va a ir por las buenas, como suponía un sector de Cambiemos.

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