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Esta mañana, a las 9, el juez Eduardo Freiler enfrentará la acusación que -si ninguna sorpresa tuerce voluntades- terminará desalojándolo de su silla en la sala I de la Cámara Federal porteña. Con el café servido, los integrantes de la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura esperarán al magistrado para que se defienda del pesado cúmulo de pruebas que argumentan el título de su expediente: mal desempeño de sus funciones, básicamente por bruscos desajustes aritméticos entre el nivel de sus ingresos, la imponente escala de su patrimonio y el pródigo patrón de gastos que el doctor viene exhibiendo en los últimos cinco años.
Freiler puede sentarse frente a sus acusadores, contestar sus preguntas y desenrollar sus coartadas, o enviarles un descargo por escrito. Según había hecho trascender, había decidido presentarse personalmente, como primer paso de una pelea que no contemplaría la bandera blanca de su renuncia. Pero hasta anoche, Clarín no pudo confirmar si efectivamente el juez acudirá a su cita en la Magistratura.
Con su presencia o sin ella, la situación del magistrado es más que endeble. Recordemos: tras una puntillosa recolección de datos en media docena de organismos, los acusadores chequearon que Freiler posee ocho inmuebles en Marcos Paz, diez en Necochea, uno en Pinamar y otro en Vicente López -la casona en Olivos, frente a la Quinta Presidencial-, más otra veintena de propiedades a nombre de su ex esposa, sus padres y su hermana. Además, es dueño de ocho autos -entre los cuales sobresalen cuatro Mercedes Benz y un Porsche modelo 68-; dos yates y otra embarcación menor; tiene participación directa en dos sociedades e indirecta en otro puñado; y realizó media docena de viajes al exterior por año desde 2001, varios de los cuales se habrían fraguado bajo causas profesionales que no existieron. No cualquier abogado tomaría su defensa.
Veremos cómo la ejerce él mismo: la audiencia de esta mañana -equivalente a una declaración indagatoria en los procesos penales- redondeará el último paso formal para que la comisión de Disciplina formule la acusación y el plenario del Consejo -con el voto de dos tercios- eventualmente suspenda a Freiler de sus funciones. En esa terapia intensiva -de la cual ningún juez sobrevivió desde que existe el Consejo- deberá esperar a que se conforme un jurado de enjuiciamiento, ante el cual el Consejo -a través de dos miembros- lo acusará en un proceso oral. Es casi imposible que ese camino no desemboque en la destitución.
Pero para eso falta. Aunque la audiencia de hoy fue auscultada ayer por la tarde en una reunión de labor que contó con representantes de todos los sectores -legisladores, abogados, jueces y académicos- será mejor controlar la ansiedad. “Ahora Freiler tendrá diez días hábiles para presentar las pruebas que quiera, lo que ya nos deja en mayo. Y desde el 8 de ese mes casi hasta el final, la mitad de los consejeros viajarán a Roma por un encuentro bilateral”, calcula uno de ellos que hoy se sentará frente al camarista. “Es decir que el dictamen acusatorio recién lo podremos presentar en junio, para votarlo en el plenario lo más pronto posible.” Son plazos largos, pero que sincronizan de maravilla con la campaña electoral.
Si bien los votos para empujar a Freiler a la calle seguirían bien atados, el sismógrafo político en el Consejo registró ayer un salto: a cuento de nada, el fiscal federal Franco Picardi -de poco disimuladas simpatías kirchneristas- pidió una copia de todo lo actuado respecto al camarista. Picardi tiene a su cargo la denuncia de Freiler contra los consejeros que lo acusan, y que en febrero cayó en manos del juez Sebastián Casanello. Podría ser una pista sobre la estrategia defensiva del magistrado.
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