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La defensa de las instituciones y de la república, extrañada durante el kirchnerismo por muchos de los votantes de Cambiemos, no debería sufrir una excepción en la negociación salarial con los docentes. Hay un reclamo de cumplir con la ley para que el Gobierno llame a la paritaria nacional. Esa norma (la Ley de Financiamiento Educativo) es interpretada de una manera por los funcionarios y de otra por los sindicatos. El argumento de que el Estado nacional no administra docentes, y que por eso no fija salarios, no debería ser motivo para pasar por alto un derecho -si así realmente lo fuere y debería resolverlo la Justicia- sin haberse modificado la ley en el Congreso. Eso nunca fue debidamente explicado por el ministro Esteban Bullrich.
Télam 10/03/2017La Plata: El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, junto a su par de Educación Alejandro Finocchiaro, reunidos con los dirigentes del Frente Gremial Docente bonaerense en el ministerio de Economía provincial, para definir la paritaria del sector.Foto: Carlos Cermele/a,b
Lo que se ha hecho hasta ahora es decidir que el salario básico de un docente será el equivalente al mínimo vital y móvil más el 20 %. Es llamativa la intención del ministro de no participar en la paritaria cuando lo que está en juego es el futuro educativo de millones de chicos. El macrismo ha dado muestras de haber sabido volver sobre sus pasos y reconocer errores. Si bien hay una decisión aparentemente irreversible en esta situación -en determinado momento pudo ser considerado conveniente- la misma podría sumarse a esa lista de correcciones oficiales, sin por eso mostrar debilidad: aquel que resuelva hoy el drama que viven las escuelas públicas saldrá fortalecido.
Es poco probable que con cartas a los padres y a los maestros vía Facebook, la convocatoria a voluntarios o tratando a Roberto Baradel como al malo de la película, la gobernadora María Eugenia Vidal pueda resolver el conflicto con los gremios. Queda en evidencia un rasgo de impotencia, de falta de política en pos de una solución. Decir que “la Provincia está quebrada” tampoco suma. Es algo que todos saben y que es así desde hace años. El ex gobernador Daniel Scioli ya lo vivió con el paro salvaje de 17 días del Frente Gremial en 2014.
Puede interpretarse que esta nueva huelga es una operación kirchnerista para desgastar la imagen de Vidal, pero para eso la jefa bonaerense debería dar muestras de haber cubierto cada flanco de ataque para que el auténtico reclamo deje de tener peso.
Los alumnos a los que Roberto Baradel asegura haberles enseñado en algún momento de su vida están esperando en el aula tener clases. El poder que tiene el líder de Suteba para frenar la maquinaria de la educación provincial debería imbuírlo de mayor responsabilidad y no sacar paros de la galera como un mago saca pañuelos de colores. Es extraño que en tantos años los gremios docentes no hayan podido articular una forma alternativa de protesta que involucre y exponga directamente a las autoridades, en vez de a los alumnos. El reclamo de un salario digno debe ser largamente atendido, pero las familias que llevan a sus hijos a la escuela pública sufren las mismas penurias de la economía y la inflación. Lo único que deja esta actitud de parar en continuado es lo ya dicho: el padre que mínimamente puede asomar la cabeza pasa a engrosar el éxodo hacia la escuela privada. Es esa falta de racionalidad gremial la que da lugar a las interpretaciones desde el macrismo de que el objetivo que se busca en realidad es político. El reclamo de apertura de la paritaria nacional lleva semanas. Recién junto con la última convocatoria al paro nacional de cuatro días (que se sumarán a los ya cumplidos el 6 y 7 de marzo), CTERA anunció también una presentación en la Justicia para exigir la vigencia de esa norma. Pero todavía no se ha hecho y su concreción deja un signo de interrogación.
Es claro que en la Ley de Financiamiento Educativo hay un gris para la interpretación, y que un eventual fallo sobre la misma dependerá del juez que tome la causa. Eso no debería ser una variable para especular. Si la Justicia se hubiera expedido a tiempo sobre el punto en conflicto, a esta altura los paros nacionales convocados hubieran tenido menor peso. Ese otro escenario probablemente hubiera diezmado el poder de convocatoria y movilización. En cambio, la falta de intervención judicial ha dejado una zona de confort sindical en la que la protesta se ha fortalecido. Y ha dado lugar también a las reiteradas acusaciones, de parte del Gobierno, sobre un intento de desestabilización política. Hay otro ingrediente que abona esa hipótesis: los paros nacionales tuvieron siempre el mismo timing, al ser convocados poco antes o en plena negociación de los distritos Ciudad y Provincia.
Las familias de 9 millones de chicos y adolescentes que todavía resisten en las escuelas primarias y secundarias públicas no integran la paritaria. Una vez más, han sido tomadas como rehenes en una pelea que así planteada no les pertenece. La educación, como la salud y la seguridad, son derechos que el Estado no puede dejar de garantizar. Y el Estado en este caso son tanto los funcionarios de cada gobierno como los docentes en huelga.
Sin embargo, el reclamo sincero por más y mejor educación nunca termina de cuajar en la Argentina. La cuestión siempre se ha reducido a este bache que brota en cada comienzo de ciclo lectivo y que, más tarde o más temprano, queda emparchado.
A diferencia de otras demandas sociales, la educación –o la falta de ésta- no figura como prioridad en las encuestas. Recuérdense cacerolazos y marchas para exigir soluciones en otros temas. Sólo por esa razón es explicable que todos los actores involucrados en esta paritaria docente puedan seguir llevando el agua para su molino en vez de ubicarse a la altura del conflicto.
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